Ministerio Público persigue a dirigentes con procesos aparentemente irregulares

Notificaciones inexistentes y acusaciones sin sustento generan preocupación; afectados advierten vulneración del debido proceso y riesgo de órdenes de captura

Procesos fiscales alcanzan a más de veintiséis dirigentes por disturbios; denuncian citaciones defectuosas y falta de fundamentos que afecta a líderes sociales de la región

El Ministerio Público intensifica la persecución contra dirigentes sociales de Juliaca y Puno mediante procesos irregulares, según denuncian los afectados. Más de 26 ciudadanos y ex dirigentes enfrentan citaciones fiscales por presuntos delitos de lesiones graves, disturbios y atentado contra autoridades.

El expresidente de las Cuatro Zonas de Juliaca Antero Pimentel Esquivias, denunció que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno lo citó sin fundamento claro. El dirigente afirmó que desconoce las razones de la acusación y cuestionó la falta de coordinación en la entrega de notificaciones y sostiene que se trata de una persecución sistemática.

Los procesos fiscales estarían vinculados con las protestas sociales ocurridas desde enero del 2023 en la región. Sin embargo, los dirigentes aseguran que en ningún momento atentaron contra la autoridad durante las movilizaciones. «Anteriormente fuimos denunciados por terrorismo, acusaciones que fueron descartadas», refirió el dirigente.

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La irregularidad más grave radica en las notificaciones inexistentes o defectuosas que vulneran el debido proceso legal. Félix Suasaca denunció que nunca fue notificado formalmente para la audiencia programada por la Fiscalía y el dirigente se enteró del citatorio únicamente por aviso de otros ciudadanos involucrados en el proceso judicial.

Suasaca relató que, al consultar en secretaría de la Fiscalía, le aseguraron que sí había sido notificado sin mostrarle constancia alguna. «Teme que estas citaciones deriven en órdenes de captura bajo el argumento de resistencia a la autoridad», expresó.

Los dirigentes solicitaron información al Ministerio Público, pero no recibieron explicaciones claras sobre los fundamentos de las acusaciones y la ausencia de respuestas genera incertidumbre y vulnera los derechos fundamentales de los procesados.

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