El ministro de Justicia Juan Alcántara Medrano reconoció que el sistema penitenciario peruano atraviesa una crisis profunda durante una entrevista donde detalló las medidas del gobierno para enfrentar el hacinamiento carcelario que afecta los centros penitenciarios del país.
La autoridad confirmó que el gobierno declaró en emergencia el sistema penitenciario hasta 2026 para implementar normas destinadas a mejorar la infraestructura carcelaria y reducir el hacinamiento que aqueja las prisiones nacionales.
Alcántara reveló que el nuevo penal de Quiruvilca será «el nuevo Challapalca» ubicado a 3800 metros de altura en La Libertad para albergar exclusivamente a reos de alta peligrosidad con capacidad para 10000 internos.
Ampliación de plazos constitucionales
El Tribunal Constitucional amplió hasta 2030 el plazo para deshacinamiento carcelario tras reconocer las acciones del Ministerio de Justicia según explicó el ministro quien destacó que la medida no fue una concesión sino el resultado de gestiones concretas.
Las autoridades destrabaron proyectos paralizados desde 2020 incluyendo el megapenal de Ica con capacidad para 3200 personas además de las cárceles de Arequipa con 900 unidades y Pucallpa con 100 espacios de albergue.
El penal de Abancay registra 12% de avance superando la meta del 9% prevista para esta etapa de construcción mientras avanza la planificación de nuevas infraestructuras penitenciarias en diferentes regiones del territorio nacional.
Inversión internacional para nuevas cárceles
El Ministerio de Economía anunció un endeudamiento internacional con CAF por 800 millones para financiar la construcción de un penal para procesados con capacidad de 16000 personas y la cárcel de alta seguridad en Quiruvilca.
La capacidad total adicional alcanzará aproximadamente 30000 unidades de albergue con la implementación de todos los proyectos en ejecución según las proyecciones oficiales presentadas por el titular del sector Justicia.
El proyecto de Quiruvilca demandará tres años de construcción una vez completados los estudios técnicos y el expediente correspondiente tras la reciente transferencia del terreno ubicado en la región La Libertad al gobierno nacional.
