El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) protagoniza un cambio radical en su estrategia de alimentación escolar después de graves denuncias de corrupción. El ministro Julio Demartini revela transformaciones sustanciales en el programa Qali Warma, que será reemplazado por Wasi Mikuna, un programa con enfoque comunitario.
La nueva iniciativa contempla la participación directa de los padres de familia a través de las asociaciones de padres (Apafas), quienes tendrán un rol fundamental en la elaboración de menús escolares y su fiscalización. La aceptabilidad de los niños será un criterio central en la selección de alimentos para garantizar su consumo efectivo.
Tras el escándalo con la empresa Frigoinca, que operaba en más de diez regiones del país, el ministerio implementará un riguroso sistema de control. Se contratará un organismo internacional de supervisión que certificará cada proceso, adicional a la fiscalización interna, con una inversión de más de 70 millones de soles en el 2025.
El nuevo programa Wasi Mikuna, que significa “comida casera” en quechua, busca vincular la alimentación escolar con las tradiciones culinarias locales. Se priorizará la agricultura familiar mediante transferencias directas a comités de padres, considerando las particularidades gastronómicas de cada región: costa, sierra y amazonía.
Un aspecto destacable es el compromiso del ministro De Martini de asumir responsabilidad política. Manifestó que renunciaría si se presentan nuevas denuncias en el 2025, subrayando su prioridad por garantizar la alimentación de calidad para los niños peruanos.
La restructuración incluye la creación de un consejo directivo multisectorial que involucrará al Ministerio de Salud, Educación, Agricultura y Producción. El objetivo es una supervisión integral que prevenga futuras irregularidades en la alimentación escolar.
Para el 2025, el ministerio implementará operativos simultáneos en 11 regiones y garantizará la trazabilidad del 100% de los certificados de calidad con INACAL. Se incorporarán más de 1,500 fiscalizadores para monitorear exhaustivamente el programa.
El ministro De Martini enfatizó que estas medidas buscan restaurar la confianza, proteger la salud infantil y fortalecer la transparencia en los programas sociales, invitando al diálogo constructivo con el sector empresarial para impulsar el crecimiento económico del país.
