La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de Argentina, que llegó a Perú semanas atrás para realizar un informe sobre las violaciones a los derechos humanos tras la represión policial que dejó decenas de fallecidos y centenares de heridos, a raíz de las protestas sociales, concluyó que el Estado peruano es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil.
Gran parte de las vulneraciones constatadas, por su carácter sistemático y/o generalizado y dirigido contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los derechos humanos en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado peruano ha suscrito y ratificado, dice parte del documento.
Añade que el Estado de Derecho y el orden democrático en Perú se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiéndose garantías judiciales básicas y elementales. Asimismo, advierte una interrupción de la continuidad constitucional en la titularidad del Poder Ejecutivo, en tanto que el expresidente constitucional fue destituido sin observar el procedimiento expresamente previsto en la norma magna del Estado.
Al pueblo peruano le asiste el derecho de protesta, de petición ante las autoridades y de ocupar el espacio público para ello. Así lo intentó ejercer, de forma multitudinaria y pacífica. El ejercicio de la soberanía popular es inalienable y es un elemento constitutivo del Estado de Derecho y condición de la convivencia democrática, refiere.
También precisa que el Estado peruano hizo uso de modo abusivo, arbitrario e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los derechos humanos. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los derechos humanos.
El Estado peruano debe ser investigado por los homicidios, torturas, tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas armadas y de seguridad regulares, así como por la utilización de armamento sofisticado y letal en violación de los protocolos y normativa internacional vigentes; además, por haber impedido, limitado y condicionado deliberada y violentamente, la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta.
