Dos centros poblados puneños fueron transferidos administrativamente a Moquegua sin conocimiento de las autoridades de Puno, según reveló el alcalde provincial Javier Ponce tras las denuncias presentadas por dirigentes comunales que alertaron sobre esta decisión que ya habría sido oficializada en el diario El Peruano.
Los centros poblados de Aruntaya y Titire, ubicados en territorio de Ácora, pasaron a formar parte del distrito de Carumas en la provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua, tras una decisión del consejo municipal moqueguano que habría sido publicada oficialmente sin participación de las autoridades puneñas involucradas.
La denuncia surgió desde dirigentes de Acora que advirtieron sobre la incorporación administrativa de estas localidades a jurisdicción moqueguana, una medida que tomó por sorpresa a las autoridades provinciales de Puno y generó preocupación por los antecedentes legales que respaldaron esta determinación territorial.
El alcalde provincial Javier Ponce expresó su desconocimiento total del proceso y anunció que solicitará información técnica y legal a la Oficina de Demarcación Territorial del Gobierno Regional para comprender los fundamentos que permitieron esta transferencia jurisdiccional entre ambas regiones del sur peruano.
Ponce indicó que esperará respuesta oficial para emitir un pronunciamiento detallado entre lunes y martes próximo, tras recibir la documentación que sustente la decisión adoptada por el consejo municipal de Mariscal Nieto respecto al cambio de jurisdicción de los centros poblados puneños.
La autoridad provincial confirmó que convocará un equipo técnico y legal, además de representantes de la sociedad civil, para analizar exhaustivamente el caso y determinar las acciones correspondientes que defiendan los intereses territoriales de la provincia de Puno ante esta situación administrativa.
Ponce no descartó que la medida esté vinculada con intereses mineros o hídricos presentes en la zona de Aruntaya y Titire, aunque enfatizó la necesidad de conocer los antecedentes procedimentales y verificar si hubo participación de la población de las comunidades directamente afectadas.
Las autoridades provinciales buscarán esclarecer el proceso legal que permitió la transferencia jurisdiccional y evaluarán si corresponde interponer acciones administrativas o judiciales para revertir la decisión que afecta la integridad territorial de la provincia puneña y los derechos de las comunidades involucradas.
