El politólogo Rodrigo Ojeda advirtió sobre la necesidad de no politizar instituciones técnicas como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) en el marco del debate sobre la ley de terrorismo urbano y las acciones del gobierno frente a la creciente problemática de seguridad.
Según Ojeda, la propuesta de ley para combatir delitos como la extorsión y el sicariato bajo la categoría de «terrorismo urbano» tiene un enfoque más político que jurídico, lo que podría dificultar la solución efectiva del problema.
El experto señaló que el Consejo Nacional de Seguridad del Estado no ha tenido alcance significativo en la lucha contra estos delitos, catalogados ahora como puntos de terrorismo. Enfatizó la importancia de mejorar los parámetros de inteligencia, investigación y persecución para abordar eficazmente estas amenazas.
Ojeda destacó que la situación actual requiere soluciones directas y objetivas, en lugar de enfoques subjetivos o políticos. Sugirió que la Presidencia debería liderar el Consejo Nacional de Seguridad y distribuir adecuadamente las funciones, permitiendo que instituciones técnicas como la DINI trabajen sin interferencias políticas.
El politólogo advirtió sobre la gravedad de la situación, mencionando que aproximadamente la mitad de la población está involucrada en actividades de extorsión. Insistió en la necesidad de una respuesta inmediata y coordinada desde la Presidencia y el Consejo Nacional de Seguridad.
Finalmente, Ojeda cuestionó la efectividad de etiquetar estos crímenes bajo la categoría de terrorismo urbano, señalando que podría haber confusión en la interpretación y aplicación de la ley, dado que el enfoque para combatir estos delitos difiere significativamente de las estrategias utilizadas contra grupos terroristas tradicionales.
