La calidad y el avance de las dos principales carreteras en ejecución por el Gobierno Regional de Puno están en duda porque los ingenieros responsables no cumplirían con los años de experiencia exigidos por la Contraloría, lo que pone en riesgo más de 100 millones de soles de inversión y el bienestar de miles de pobladores.
El mejoramiento de la carretera Jipata-Moho, con un presupuesto de más de 55 millones de soles, y la carretera Azángaro-Jila Purina, que supera los 46 millones, son las obras viales más costosas de la región y ambas se ejecutan bajo la modalidad de administración directa, según el portal de transparencia económica.
La directiva 017-2023 de la Contraloría General de la República exige que en proyectos de categoría C, como estos, el residente y el supervisor de obra cuenten con al menos ocho años de experiencia específica en obras viales, requisito que no cumplirían los ingenieros René Cahui Hilazaca, Jesús Zapana Mayta, René Luque Bautista y Harolth Rodríguez Choque, responsables de ambas carreteras.
En la carretera Jipata-Moho, el ingeniero René Cahui Hilazaca figura como residente y Jesús Zapana Mayta como supervisor, pero uno de ellos recién se colegió en 2019, lo que evidencia la falta de experiencia mínima exigida para dirigir una obra de esta magnitud, según lo revelado por proveedores del Estado.
Situación similar ocurre en la carretera Azángaro-Jila Purina, donde René Luque Bautista y Harolth Rodríguez Choque tampoco cumplirían con los años de experiencia requeridos, lo que genera preocupación sobre la calidad técnica y la correcta ejecución de la obra, además de posibles retrasos y sobrecostos.
Según información, estas deficiencias en la experiencia del personal estarían generando problemas técnicos y financieros, sobre todo en la carretera Azángaro-Jila Purina, donde desde febrero el avance físico es mínimo y el gasto financiero sigue aumentando, mientras la Contraloría y la comisión de infraestructura del consejo regional, presidida por la consejera Giorni Bautista Ticona, no han tomado acciones visibles.
La directiva regional y la normativa nacional establecen que la administración directa debe garantizar la calidad, el uso eficiente de recursos y el cumplimiento de plazos, pero la falta de experiencia en los responsables puede derivar en obras paralizadas, ampliaciones de plazo y recursos mal utilizados, como ya ha ocurrido en otros proyectos viales de la región.
La Contraloría General tiene la responsabilidad de supervisar y exigir el cumplimiento de la directiva 017-2023, por lo que la ciudadanía espera respuestas claras y acciones concretas para asegurar que las obras viales de Puno se ejecuten con calidad y transparencia, beneficiando realmente a la población y evitando que los recursos públicos se pierdan en proyectos inconclusos o de baja calidad.
