El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Puno emitió un informe de Acción de Oficio Posterior que revela incumplimiento grave en los plazos legales para atender solicitudes de acceso a información pública, vulnerando derechos ciudadanos fundamentales.
La irregularidad documentada en el informe número 071-2025-2-0463-AOP del 11 de septiembre muestra que la entidad municipal demoró treinta y cuatro días hábiles en responder una solicitud presentada el primero de julio de 2025.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece un plazo máximo de diez días hábiles para entregar la información solicitada, pero la municipalidad excedió este tiempo en veinticuatro días adicionales según consta en el documento oficial.
Roberto Carlos Juárez Checa, secretario General y responsable de Acceso a la Información Pública de la entidad, confirmó que la respuesta fue emitida el treinta de julio y notificada recién el veintidós de agosto mediante correo electrónico.
El informe señala que esta situación afecta la legalidad y transparencia que debe regir en la gestión pública, limitando el derecho ciudadano de acceder a información oficial de manera oportuna como establece la Constitución.
La Contraloría identificó que las solicitudes con registro 2025-00033630 y 2025-00033628 siguieron un proceso interno deficiente, siendo derivadas entre diferentes gerencias sin cumplir los plazos establecidos por la normativa vigente para estos casos.
El documento oficial precisa que los funcionarios públicos que incumplan estas disposiciones pueden ser sancionados por falta grave, incluso enfrentar procesos penales por abuso de autoridad según el artículo 377 del Código Penal.
La acción de oficio posterior fue registrada en el Sistema de Control Gubernamental con orden de servicio 2-0463-2025-039, siguiendo la directiva aprobada por Resolución de Contraloría 253-2023-CG del veintisiete de octubre de 2023.
Jerson Waldhyr Gonzales Guevara, jefe del Órgano de Control Institucional, recomendó al alcalde adoptar acciones correctivas inmediatas y disponer el deslinde de responsabilidades correspondientes para superar esta irregularidad detectada en la gestión municipal.
La municipalidad debe presentar un Plan de Acción en un plazo máximo de veinte días hábiles ante la Gerencia Regional de Control de Puno para demostrar las medidas adoptadas y evitar futuras infracciones a la ley.
