El investigador del Instituto de Defensa Legal (IDL), Luis Miguel Purizaga, advirtió que la presión internacional podría ser la «última carta» para detener los proyectos de ley impulsados por el Congreso que atentan contra el Estado de derecho en nuestro país.
«Estamos llegando a un punto en el país en el que la presión internacional es como la última opción para poner un freno a la desmesura que está cometiendo el Legislativo», expresó Purizaga. Mencionó como ejemplo el pronunciamiento de varias embajadas en contra del proyecto de ley que modifica la elección de miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Purizaga lamentó que el Tribunal Constitucional, antes última instancia para declarar la inconstitucionalidad de leyes, ahora parezca estar alineado con los intereses del Congreso. «El Tribunal Constitucional que debería velar por las constituciones, en la última vez que se supo de él fue cuando revocaron la decisión de separar a Aldo Vázquez y otra magistrada de la JNJ», señaló.
Asimismo, cuestionó que el actual Defensor del Pueblo, elegido por el Congreso, no haya defendido los derechos de la ciudadanía frente a estos proyectos legislativos. «No ha hecho bien su labor de defender al pueblo», sostuvo y añadió; «parece que las únicas opciones son la gente organizada en la calle protestando u organismos internacionales mandando comunicados como el de las 14 o 15 embajadas», finalizó.
