Seis organizaciones de transportistas, junto con diversos sectores laborales, han convocado un paro nacional para el 23 de octubre. La protesta busca defender la vida, la seguridad, el trabajo digno y la paz. Cuenta con el respaldo de centrales sindicales, comerciantes, productores textiles, bodegueros, mototaxistas y mineros artesanales en proceso de formalización, según Héctor Chunga, asesor del Comité de Gremios de Transportes del Perú.
En una entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, señaló que el movimiento ha recibido el apoyo del cardenal Castillo, quien expresó su solidaridad con los manifestantes durante la procesión del Señor de los Milagros. Además, el Colegio de Abogados de Lima coincide con los transportistas y comerciantes en que se está criminalizando la organización de la sociedad civil.
Durante la protesta, se exigirá la derogación de la ley 32108, considerada por muchos como parte de un conjunto de normas que buscan controlar el Poder Judicial, la Fiscalía y el sistema electoral. También se demandará justicia para las víctimas de la represión durante las manifestaciones de finales de 2022 y principios de 2023, indicó.
Esta movilización representa una nueva forma de organización de la clase media vulnerable, que busca soluciones para el bien común. Según Chunga, esta evolución en la protesta podría generar cambios democráticos significativos y debilitar aún más al gobierno y al Congreso.
