Un ciudadano del distrito de Puno solicitó al Concejo Municipal Provincial suspender por 30 días al alcalde Javier Ponce Roque, investigado por el Ministerio Público por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y otros, en agravio del Estado a través de «Los Mandachitos de la corrupción».
La solicitud, presentada el 15 de mayo de 2026 por Luis Alberto Flores Delgado ante el presidente del Concejo, se sustenta en el artículo 25 inciso 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que habilita la suspensión por falta grave según el reglamento interno.
El Oficio N.° 759-2026-MP, emitido por el fiscal provincial Arturo Saúl Zirena Asencio el 11 de mayo de 2026, confirma que la investigación corresponde a la Carpeta Fiscal N.° 2024-365, y tiene condición de reservada conforme al artículo 342 del Código Procesal Penal.
Red criminal dentro de la municipalidad
Según reportajes periodísticos y la imputación fiscal, existiría una organización criminal denominada «Los Mandachitos de la Corrupción», integrada por funcionarios municipales, un efectivo policial y terceros particulares, dedicada a anular papeletas y liberar vehículos a cambio de dádivas.
El Ministerio Público atribuyó responsabilidad a Willy Wilson Cáceres Pauro, subgerente de Registro y Transportes, Franz Henry Quispe Ticona, de Asesoría Legal, y Jesús Virgilio Maquera Arrazola, de Liberación Vehicular, entre otros, por cohecho pasivo y tráfico de influencias, en agravio del Estado.
El Juzgado de Investigación Preparatoria programó la audiencia de prisión preventiva para el 26 de mayo de 2026, a las 2:30 p.m., contra Javier Ponce Roque y otros siete investigados por crimen organizado y delitos conexos.
Fundamento legal y riesgo institucional para el gobierno local
La solicitud cita el artículo 129 del Reglamento Interno del Concejo Municipal de Puno, que permite sancionar con suspensión hasta 30 días por actos de indisciplina, y los artículos 39 y 41 de la Constitución Política sobre probidad y sanción de la corrupción.
El solicitante sostiene que la permanencia del alcalde afecta la gobernabilidad local y la confianza ciudadana, pues los hechos investigados involucran directamente a funcionarios de Transportes, Asesoría Legal y Liberación Vehicular de la propia municipalidad.
El peticionario solicita al Concejo admitir la solicitud, elevarla a debate y votación, y, como medida adicional, otorga representación legal al abogado firmante, Jhony J. Ticona Salazar, para actuar durante todo el procedimiento administrativo.
