Un juez aplicó control difuso para rechazar la Ley de Amnistía a ocho militares procesados por torturas y violaciones en Chumbivilcas, Cusco, en abril de 1990. Los expertos Ernesto Blume y Diego Pomareda debatieron la legalidad de esta decisión judicial en programa televisivo nocturno.
El magistrado consideró inconstitucional aplicar la norma promulgada por el gobierno de Dina Boluarte, priorizando la Constitución sobre la ley de rango inferior. La decisión afecta a militares acusados de interrogar torturando a comuneros bajo sospecha de terrorismo durante el conflicto armado interno.
Diego Pomareda respaldó la decisión judicial, explicando que el control difuso permite a jueces inaplicar leyes cuando contradicen la Constitución. «Los jueces pueden aplicar una ley siempre y cuando no afecte la Constitución o convenios internacionales», argumentó el constitucionalista durante el análisis.
Expertos dividen opiniones sobre constitucionalidad del fallo
Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, cuestionó la aplicación del control de convencionalidad por parte del juez ordinario. Consideró que «el juez no está habilitado constitucionalmente a ejercer el control de convencionalidad», señalando limitaciones en la figura jurídica aplicada.
El exmagistrado defendió la Ley de Amnistía como mecanismo para proteger el derecho al plazo razonable de investigados con casi 40 años en procesos. «No es justo someter a un grupo de peruanos que luchó por la defensa del país a una espera de 40 años», argumentó Blume.
Pomareda contraargumentó que los estándares internacionales prohíben amnistías para encubrir transgresiones a derechos fundamentales. Recordó que «el plazo del tiempo no justifica la impunidad» y que el Estado peruano debe cumplir responsabilidades internacionales establecidas.
Caso Chumbivilcas revela deficiencias del sistema judicial
El caso específico de Chumbivilcas ilustra las deficiencias del sistema: comuneros denunciaron torturas en 1990, pero el proceso inició en 2007. La investigación obtuvo sentencia condenatoria en 2017, ratificada por la Corte Suprema con disposición de indemnización a víctimas.
Los expertos coincidieron en que la demora excesiva del sistema judicial constituye el problema central. Blume calificó la situación como «absurdo torturarles toda la vida» a personas que actualmente superan los 70 años de edad.
Pomareda propuso enfocarse en mejorar la administración de justicia antes que crear «leyes de impunidad». Concluyó que «el problema es la administración de justicia, no atribuírselo» al sistema interamericano de derechos humanos como justificación para la amnistía.
