La prefecta regional, Kateryn Guerra Marón, respondió ante la propuesta de los tenientes gobernadores que buscan aprobar un proyecto de ley para eliminar prefectos y subprefectos. La funcionaria defendió su cargo que según tenientes se limita solamente a emitir garantías personales con un sueldo injustificado. Guerra señaló que no lo vean netamente como un simple documento porque las garantías son medidas de protección a víctimas de violencia, mujeres, niños y personas vulnerables que están siendo sujetas de cualquier tipo de violencia.
Guerra señaló que desaparecer prefecturas significa eliminar un legado histórico de 200 años en el Perú. Desde hace 200 años los tenientes gobernadores tienen esa legalidad como autoridades y los prefectos y subprefectos se juntaron a eso. «Estos cargos ahora tienen 200 años de antigüedad», remarcó la prefecta sobre la tradición institucional. Para hacerlo, para derogarlo o para hacer algún cambio se requiere evaluar todo el sistema de representación del Estado a nivel local según defendió la funcionaria.
La prefecta explicó que cumplen con elevar a la Policía Nacional hasta la Fiscalía para salvaguardar a las víctimas. «No es directamente así de garantía si fuera algo simple nos habla de protección de una vida humana», enfatizó Guerra sobre la importancia de su función. La funcionaria argumentó que las garantías personales no son meros trámites administrativos sino instrumentos legales que protegen vidas de personas en situación de riesgo por amenazas, acoso o violencia familiar que requieren respuesta inmediata del Estado.
La prefecta reveló que desde el 2023 hasta el 2025 ejerce el cargo regional de Puno. Son cargos de confianza que están sujetos al nuevo gobierno también según precisó Guerra. Lo único que tiene que expresar el gobierno y dar cargo mismo por todos es a través de la dirección general. La funcionaria enfatizó que responden a lineamientos del gobierno central y que su designación depende de la confianza política del Ejecutivo nacional que los nombra y puede removerlos.
Los tenientes gobernadores a nivel regional emprenden pedido para eliminar prefecturas por considerarlas un gasto innecesario del Estado. Argumentan que el único trabajo es dar garantías personales cuando ellos como autoridades originarias pueden asumir esas funciones. Sin embargo la prefecta defiende que su labor va más allá de trámites administrativos. Las garantías personales protegen vidas humanas de mujeres y niños víctimas de violencia que requieren intervención inmediata coordinada entre prefectura, policía y fiscalía.
Guerra enfatizó que eliminar las prefecturas significa desarticular un sistema de representación del Estado con 200 años de historia. Los prefectos y subprefectos representan al gobierno central en provincias y distritos cumpliendo funciones administrativas y de coordinación con autoridades locales. La tensión entre prefecturas y tenientes gobernadores refleja un debate más amplio sobre qué instituciones deben representar al Estado en territorios locales donde autoridades originarias preexisten a la república y reclaman mayor autonomía frente a funcionarios designados desde Lima sin arraigo comunitario que conocen las realidades de cada provincia y distrito de la región puneña.
