El paquete de leyes impulsado en el Congreso peruano ha desatado alarmas en la comunidad internacional, particularmente por las iniciativas que restringen a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y eliminan la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
El 16 de junio, dieciséis embajadas de países europeos, oceánicos y norteamericanos expresaron su rechazo al dictamen promovido por la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular, que persigue el financiamiento y actividades de las ONG. En un comunicado conjunto, manifestaron su preocupación por las enmiendas propuestas a la ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que limitarían la capacidad de la sociedad civil de operar en un entorno propicio, señalando que “las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades de los ciudadanos”.
Por otro lado, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) expresó su alerta ante la posible discusión en el Pleno del Congreso de la contrarreforma constitucional que elimina la JNJ y la reemplaza por la Escuela Nacional de la Magistratura. JUSDEM advirtió que esta propuesta “evidencia el propósito velado y cuestionable de enervar la institucionalidad democrática a través de un control político directo y absoluto del Congreso sobre el sistema de administración de justicia”.
El dictamen que propone eliminar la JNJ fue aprobado la semana pasada en la Comisión de Constitución, presidida por la congresista fujimorista Martha Moyano. Fuentes parlamentarias indican que este dictamen fue aprobado como una forma del fujimorismo y sus aliados de congraciarse con la nueva bancada Honor y Democracia, aunque no es una prioridad para esta coalición.
La congresista Gladys Echaiz, autora de la iniciativa original, planteó además que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) elija a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Reniec, pero la comisión de Moyano modificó esta parte para dar ese poder al Congreso. Sin embargo, lograr los 87 votos necesarios para esta reforma constitucional en dos legislaturas distintas se perfila como un desafío.
En febrero de 2022, el Pleno aprobó una reforma constitucional para que el miembro del JNE que representa a los juristas sea elegido por todos los colegios de abogados del país. Ahora, se baraja la posibilidad de añadir que el presidente del JNE sea elegido por el pleno del máximo tribunal electoral y que esta institución se encargue de la elección del jefe de la ONPE y del Reniec, tomando en cuenta parte de la iniciativa de Echaiz.
