La presidenta Dina Boluarte podría enfrentar una sentencia de al menos 25 años como autora indirecta de la represión que causó decenas de muertos y heridos en Puno y otras partes del país. Así lo afirmó el abogado Augusto Condori Quispe, basándose en el informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que señala su responsabilidad por ejecuciones extrajudiciales durante las protestas sociales.
Según el abogado, la presidenta debe ser acusada como autora indirecta de delitos como genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, lo que conllevaría una pena de al menos 25 años de prisión. Condori Quispe subrayó la gravedad de las muertes ocurridas y la necesidad de que la mandataria sea procesada de manera adecuada.
En este sentido, el abogado también enfatizó que el Ministerio Público deberá solicitar una reparación civil para los familiares de las víctimas, tal como se hizo durante el régimen del expresidente Alberto Fujimori, dado que este caso guarda similitudes con aquellos episodios de violencia.
Las acusaciones contra la presidenta Boluarte y la posibilidad de una sentencia de al menos 25 años generan un debate sobre la responsabilidad y las consecuencias legales que podrían recaer sobre ella. El caso ha despertado gran atención y se espera que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para determinar la veracidad de estas acusaciones y el grado de responsabilidad de la mandataria en los sucesos ocurridos.
