La Procuraduría Municipal de Puno, acompañada por tres fiscales y un contingente policial de más de cincuenta efectivos, intervino el óvalo de Salcedo, en la Costanera Sur, para frenar la ocupación ilegal de terrenos públicos por parte de un grupo que se presentó como comerciantes, pero que según fuentes de inteligencia estaría vinculado al tráfico de terrenos.
El procurador público municipal declaró que no se permitirá que personas inescrupulosas aprovechen la situación para usurpar espacios de dominio público, tras constatar que la ocupación inició el pasado 6 de junio, con la excusa de instalar un mercado, pero con indicios claros de organización para la apropiación ilegal del área.
Durante la diligencia, los funcionarios evidenciaron que los invasores utilizaban niños y ancianos para dificultar las labores de recuperación, una táctica recurrente que busca evitar el desalojo y obstaculizar la acción de las autoridades, situación que fue advertida públicamente por el procurador municipal.
El procurador municipal precisó que, si tras la exhortación formal los ocupantes no abandonan el terreno, se procederá al uso de la fuerza pública conforme a la ley, garantizando así la recuperación del espacio para la ciudadanía y el respeto a la normativa vigente.
La Municipalidad Provincial de Puno aclaró que los terrenos intervenidos se ubican en la zona de ribera del lago Titicaca, dentro de la faja marginal protegida por la Autoridad Nacional del Agua y la Dirección de Capitanías de la Marina de Guerra del Perú, áreas consideradas bienes de dominio público e intangibles para uso no urbanizable.
El operativo contó con el respaldo de la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Procuraduría Municipal y las fuerzas de seguridad, reafirmando el compromiso institucional con el desarrollo urbano ordenado y la defensa de los espacios públicos para el esparcimiento y la preservación ambiental.
La población puneña respaldó la intervención, rechazando cualquier intento de apropiación ilegal y exigiendo mayor control en las zonas críticas, para evitar que casos como el del Politécnico Huáscar se repitan y se proteja el patrimonio natural y urbano de la ciudad.
