Miles de peruanos preparan protestas a nivel nacional para las Fiestas Patrias, impulsados por el malestar frente al aumento salarial de la presidenta y el uso de fondos públicos, así lo explicó Javier Eduardo Huaynate Hidalgo, miembro del Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú.
La indignación crece porque la presidenta recibe un sueldo mensual de 35 mil 568 soles, lo que genera cuestionamientos sobre el manejo del dinero del Estado y la transparencia en la administración pública.
A este monto se suma una tarjeta de 5 mil soles destinada a alimentos, lo que incrementa el gasto y alimenta el debate sobre los privilegios de las altas autoridades en medio de necesidades insatisfechas.
La presidenta enfrenta una investigación por el llamado «caso Rolex», además de la reciente disolución de un equipo policial especializado, hechos que aumentan la tensión y la desconfianza en el gobierno.
El Congreso de la República administra un presupuesto anual de mil 413 millones de soles, según Javier Eduardo Huaynate Hidalgo, cifra que genera comparaciones con otros sectores y despierta inquietudes sobre prioridades nacionales.
El Instituto Nacional de Salud recibe 269 millones de soles, mientras que el Instituto de Enfermedades Neoplásicas apenas cuenta con 55 millones, lo que evidencia una brecha en la asignación de recursos y motiva reclamos, dijo el dirigente.
Las protestas surgen en un contexto de enfrentamientos dentro del sistema de justicia, donde la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial se ven envueltos en disputas y decisiones polémicas.
La fiscal Delia Espinoza, figura relevante del Ministerio Público, plantea la necesidad de reorganizar la Policía Nacional y el Estado, lo que suma un nuevo elemento a las demandas de quienes exigen cambios.
Huaynate Hidalgo sostiene que dentro de la Policía Nacional existen personas investigadas por presuntos vínculos con organizaciones criminales, lo que alimenta la desconfianza en las instituciones.
Las organizaciones convocantes piden la salida de la presidenta y el cierre del Congreso, argumentando que estas autoridades no representan los intereses del país y actúan en contra de la voluntad popular.
También se exige la liberación de los llamados «presos políticos», como Ferdinand en Cuzco, quien permanece en prisión pese a haber cumplido con el pago de una reparación civil.
Señaló que Lima será el epicentro de las movilizaciones por su visibilidad internacional, aunque las regiones del país preparan acciones propias y buscan coordinar esfuerzos para lograr mayor impacto.
Este sábado 12 de julio se realizará una asamblea macroregional en Abancay, Apurímac, donde se organizará la llegada de delegaciones a la capital para fortalecer la protesta.
El objetivo de los organizadores es superar la fuerza de anteriores movilizaciones, especialmente durante el 27 y 28 de julio, con la intención de impedir que el actual gobierno convoque nuevas elecciones.
Las demandas también incluyen justicia para los familiares y víctimas de hechos violentos ocurridos en el contexto de la crisis política, buscando respuestas y reparación por parte del Estado.
