El abogado Tirso Vargas Vargas manifestó que el proyecto de ley que endurece penas carcelarias a menores de 16 y 17 años que cometen delitos graves es una muestra de que el sistema de prevención de las diferentes instituciones del estado peruano ha fallado. Vargas señaló que «el endurecimiento de las penas no garantiza que estos menores no cometan estos delitos», por lo cual considera que el trabajo se tiene que hacer en el núcleo familiar y en las escuelas. El estado debe garantizar las condiciones necesarias para evitar que los jóvenes se dediquen a los actos delictivos.
Vargas advirtió que este sistema solo no reinsertará nuevamente a este sector juvenil a la sociedad, sino que lo emergerá «con mayor razón en la delincuencia». En contraste, el congresista Alejandro Muñante expresó su respaldo al dictamen que busca modificar el sistema penal juvenil para incluir a adolescentes de 16 y 17 años como penalmente responsables por la comisión de delitos graves. Muñante argumentó que los adolescentes actuales tienen mayor capacidad de discernimiento en comparación con generaciones pasadas.
El parlamentario defendió el dictamen que modifica el sistema penal juvenil, a pesar de las advertencias de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y organismos de derechos humanos, que señalan que vulnera tratados internacionales. La iniciativa forma parte de un conjunto de proyectos de ley acumulados, entre ellos los PL 618/2021-CR y 6080/2023-CR, que ya cuentan con dictamen favorable en la comisión correspondiente del Congreso. Muñante considera que si los adolescentes cometen delitos graves, deben recibir penas similares a las de un adulto, aunque con los beneficios de la responsabilidad restringida establecidos por la ley.
En una entrevista con Pachamama Noticias, Vargas destacó que «generalmente las Naciones Unidas y también los instrumentos internacionales prohíben que puedan los menores de edad, en este caso de 16 y 17 años, puedan tener o ser considerados como personas que cometen delitos y ser sentenciados a una pena como corresponde a un adulto». Vargas cuestionó si la medida es una respuesta adecuada al problema de la delincuencia o si es un problema más social que punitivo.
El abogado subrayó que «solamente estamos tratando de solucionar el problema con imponer penas drásticas, pero no estamos solucionando el problema de fondo». Vargas indicó que el tratamiento debe darse desde los hogares y de manera preventiva en los colegios, para que cuando se aplique esta norma sea de manera excepcional. Vargas mencionó que «esto no es una lucha contra la criminalidad, sino por el contrario, debe avergonzarnos y debe preocuparnos»
Vargas señaló que «hemos perdido la lucha contra la delincuencia, hemos perdido el tema preventivo en los hogares, en los colegios y no nos queda otra excepción de dar las leyes como se ha dado de parte del Congreso de la República, a efecto de que puedan cometer delitos los menores de edad». El abogado criticó que la medida es una solución facilista y que «si creemos que con esta ley se va a solucionar el problema, estamos equivocados».
El abogado propuso que se den leyes en el Congreso de la República que tengan que ver con la obligación y sanción a los padres de familia, así como sanciones en los colegios. Vargas sugirió implementar mayor cantidad de personal de psicólogos en cada centro educativo y reforzar la salud mental en todos los jóvenes. Finalmente, Vargas concluyó que «la ley no va a solucionar el problema, si es que no va acompañado de medidas preventivas de lucha efectivamente contra la delincuencia, pero a nivel, como lo repito, empezando desde la familia y desde los colegios».
