En un operativo realizado el 25 de abril de 2025, cinco efectivos de la Policía Nacional fueron detenidos por extorsionar a comerciantes de cachina en Santa Lucía, provincia de Lampa, Puno. Los policías, identificados como el Mayor PNP Carlos Israel Ramos Colque, S1 PNP Ismael Mamani Bellido, S1 PNP Edwin Centeno Merma, S2 PNP Ciro Godoy Condori Llanqui y S2 PNP Angelo Yuliano Flores Miranda, fueron trasladados a la sede de la Policía Anticorrupción de Puno, donde permanecerán recluidos por 48 horas.
El operativo se llevó a cabo en la vía Puno-Arequipa, donde los policías intervinieron un vehículo que transportaba mercadería de cachina. Tras decomisar la mercadería, los efectivos habrían negociado con los comerciantes para devolverles sus productos a cambio de una suma de dinero. Sin embargo, al no recibir la cantidad esperada, procedieron a incautar la mercadería y la llevaron a Aduanas, informando que había sido encontrada abandonada.
Los comerciantes afectados denunciaron el hecho, lo que llevó a la intervención de la Policía Anticorrupción y la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios de Puno. El fiscal Arturo Saúl Sirena Asensio, junto con la abogada Jennifer Mayra Coila Ibáñez y el coronel Ramos Centeno Valerio, jefe de la Divincri Puno, participaron en el acto de registro vehicular, donde se encontraron armas y otros objetos en los vehículos incautados.
Durante el operativo, se incautaron una granada, 20 bombas lacrimógenas, ocho casquillos de bala, cinco cartuchos, ropa y otros objetos. Los vehículos involucrados incluyen una camioneta 4×4 de placa EPF-499 y otra de placa CAJ-740, perteneciente a Yésica Milagros Gavilano Vásquez. Estos elementos pasaron a formar parte de la investigación, que busca esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Los policías detenidos fueron trasladados con el rostro cubierto y la cabeza agachada, enmarcados como delincuentes. La flagrancia del delito permitió su detención inmediata, y se solicitará la prisión preventiva o detención preliminar para continuar con las diligencias. La investigación está encabezada por la Fiscalía Anticorrupción de Puno, que trabaja para desarticular esta presunta banda criminal dedicada a la extorsión de comerciantes.
El fiscal Sirena declaró que se trata de un caso de cohecho, pero se mostró reservado en dar más detalles debido a las limitaciones normativas. Sin embargo, confirmó que la intervención comenzó alrededor de las 6 de la tarde y que se están realizando actos de investigación simultáneos en otros lugares. La reserva en la información se debe a la necesidad de proteger la integridad de la investigación y evitar responsabilidades administrativas.
Este caso abre la posibilidad de que existan más elementos corruptos dentro de la Policía Nacional. En los últimos días, se han registrado varios casos de policías involucrados en actos irregulares en la región. Solo en Juliaca, siete policías fueron detenidos por un asalto a mano armada y balacera en la salida a Lampa, y otros dos por extorsión a una comerciante. Estos hechos suman un total de 14 policías intervenidos en actos presuntamente irregulares en menos de 48 horas.
La comunidad de Puno y Juliaca se encuentra conmocionada por estos hechos, que ponen en entredicho la integridad de las fuerzas del orden. La ciudadanía exige una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para los responsables. La Policía Nacional y la Fiscalía han reafirmado su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, asegurando que no habrá impunidad para aquellos que traicionen la confianza pública.
El operativo en Santa Lucía ha dejado al descubierto una presunta red de extorsión que operaba bajo el amparo de la autoridad policial. Los comerciantes de cachina, quienes ya enfrentan desafíos económicos, se ven ahora afectados por la corrupción de aquellos que deberían protegerlos. La intervención de la Policía Anticorrupción y la Fiscalía busca restaurar la confianza y garantizar la seguridad en la región.
La detención de estos cinco policías es un paso importante en la lucha contra la corrupción en Puno. Sin embargo, queda mucho por hacer para erradicar este flagelo que afecta a la sociedad en su conjunto. La colaboración entre las autoridades y la ciudadanía será crucial para identificar y sancionar a todos los responsables, y para prevenir futuros actos de corrupción. La comunidad espera que este caso sirva como un precedente y un mensaje claro de que la corrupción no será tolerada.
