El gerente regional de la Autoridad Ambiental del Gobierno Regional de Puno, Juan Isaac Angles Chipana, reveló que los ríos de la región están contaminados con arsénico, plomo, aluminio, hierro y zinc por encima de estándares ambientales debido a la minería ilegal que ha convertido más de 5,000 mineros informales en ilegales tras decreto supremo.
Angles Chipana explicó que la Comisión Ambiental Regional conformó un grupo de trabajo exclusivo para combatir la minería ilegal tras evidenciar afectación en cuencas del Titicaca, Inambari y Tambopata, participan ANA, Serfor, Osinergmin, Drem, Minam, Ministerio de Energía y Minas, policía especializada ambiental y fiscalía.
El funcionario informó que hasta mayo había más de 11,000 mineros registrados en el Reinfo pero tras el decreto supremo del Ministerio de Energía prácticamente 5,000 mineros considerados informales pasaron a ser ilegales, siendo excluidos del registro oficial de formalización minera regional.
Angles Chipana señaló que los tamizajes realizados por la Dirección Regional de Salud evidencian presencia de arsénico en orina de pobladores en diferentes porcentajes según los lugares intervenidos, confirmando que la problemática ambiental genera impactos directos en la salud de comunidades cercanas a operaciones mineras.
El gerente ambiental advirtió que las provincias más afectadas son San Antonio de Putina, Sandia, Carabaya, Melgar y Lampa donde los enfrentamientos supuestamente por demarcación territorial realmente responden a disputas por actividad minera ilegal que contamina recursos hídricos fundamentales para la región.
Angles Chipana reveló que la policía especializada en materia ambiental cuenta únicamente con 10 efectivos para toda la región, capacidad insuficiente para fiscalizar actividades ilegales, solicitaron al gobierno nacional fortalecer inmediatamente con mínimo 50 efectivos policiales y reinstalar la Divoema que funcionaba entre 2013 y 2018.
El funcionario explicó que cuando la Dirección Regional Energía y Minas intenta fiscalizar y los mineros obstruyen el trabajo recurren a la policía, pero la falta de personal especializado impide respuesta efectiva, consideran que las interdicciones son la única forma de paralizar el avance de la minería ilegal en la región.
Angles Chipana indicó que hay afectación al Parque Nacional Bahuaja Sonene porque mineros ilegales construyeron carreteras dentro del área protegida, situación de gran preocupación que requiere intervención inmediata del gobierno nacional con dotación presupuestal y apoyo del Ministerio del Interior y Defensa.
El gerente regional confirmó que ninguna municipalidad de Puno tiene autorización de vertimientos del ANA para sus aguas residuales que llegan directamente a ríos y después al lago Titicaca, situación alarmante agravada por normativa de Vivienda que da plazo hasta agosto 2026 para adecuar plantas.
Angles Chipana manifestó que antes cada institución trabajaba por separado pero ahora conformaron un grupo de trabajo unificado que presentará informe técnico el 31 de octubre solicitando intervención inmediata del gobierno nacional para fortalecer instituciones encargadas de interdicciones contra minería ilegal.
El funcionario precisó que la minería ilegal trae delitos conexos como prostitución, extorsión, sicariato y bandas criminales que atentan contra seguridad, salud y medio ambiente, plantearon designar fiscal exclusivo para minería ilegal además de los dos fiscales ambientales que actualmente tiene la región.
Angles Chipana concluyó que las instituciones trabajan articuladamente para frenar actividades que colapsan el sistema ambiental regional, solicitó cobertura mediática para informar avances y acciones implementadas contra la contaminación que afecta recursos hídricos fundamentales para desarrollo sostenible de Puno y preservación del ecosistema lacustre.
