La audiencia de prisión preventiva contra los presuntos implicados en el caso «Los Mandachitos de la Corrupción» fue reprogramada para el 10 de agosto, tras la intervención del fiscal Arturo Sirena Ascencio ante la jueza María Candelaria Morales Segura, quien evaluó los nuevos elementos presentados durante la sesión de este 20 de julio.
Entre esos nuevos elementos, se expuso el testimonio de José Rolando Chura Apaza, que se convirtió en pieza clave al vincular de forma directa al procesado Alan Murillo, suboficial de la Policía Nacional conocido como «El Viejo«, con la red de corrupción investigada en el caso.
Según las investigaciones, Murillo actuaba como el nexo directo entre el personal policial subordinado y los funcionarios corruptos de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la comuna provincial, facilitando el pago para liberar vehículos intervenidos.
Según su relato, Chura Apaza fue intervenido el 16 de junio de 2025 por personal de serenazgo en las inmediaciones de Jaullihuaya y conducido a la Comisaría de la Plaza de Armas por dar positivo a dosaje etílico, y aunque su caso a nivel fiscal concluyó formalmente con un principio de oportunidad, fue durante su detención donde se inició el acto ilícito, pues un suboficial de la Policía le ofreció ayuda diciéndole «yo tengo alguien que te puede ayudar, es un coleguita», entregándole un papel con un número telefónico sin nombre.
La secuencia del cobro ilícito
Tras recuperar su libertad, Chura Apaza llamó al número y fue citado el 19 de julio de 2025 en un parque ubicado frente al Ministerio de Transportes, donde se entrevistó con Murillo, quien le aseguró que «eso yo lo puedo solucionar legalmente«, exigiéndole inicialmente la suma de S/ 4,500 para liberar su vehículo intervenido.
Al no contar con el dinero completo, pactaron el pago ilícito en S/ 3,800, acordando la entrega inicial de la mitad como parte del trato ilegal propuesto por el investigado.
El denunciante detalló que solo pudo entregarle S/ 1,500 en efectivo a Murillo, y acordaron que el saldo restante se enviaría vía la aplicación «Yape» directamente a nombre de Alan Murillo, registrándose envíos de S/ 50 y S/ 500.
El rastro del dinero por Yape
Posteriormente, Murillo le indicó que realizara los siguientes depósitos a nombre de «José R. Vilca» —quien actualmente ya se encuentra recluido en el penal—, a quien le transfirió S/ 500 hasta en tres ocasiones, completando así el pago acordado con el investigado.
Finalmente, el 25 de junio de ese mismo año, Chura Apaza recibió la llamada de Murillo dándole la orden de aproximarse a las oficinas de Transportes para recoger su vehículo liberado, dando por concluido el trámite ilícito pactado entre ambos.
Para respaldar la veracidad de su declaración, el propietario entregó a la Fiscalía todos los comprobantes y capturas de los envíos de Yape realizados a los involucrados, lo que constituye un indicio irrefutable de corrupción para el Ministerio Público en este caso.
Hallazgos en la Gerencia de Transportes
Durante esa misma jornada, la Fiscalía expuso diversos elementos de convicción recabados en la investigación, entre los que destacan informes, un acta de consejo y el acta de allanamiento ejecutado en la oficina de registro de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Puno.
Al revisar el sistema de verificación local y el registro de pago de papeletas en caja, las autoridades detectaron serias irregularidades en los expedientes, pues muchas de las papeletas impuestas no figuran como canceladas, o en su defecto solo registran el pago del monto menor, además de detectarse la duplicidad de expedientes en el sistema.
El fiscal del caso denunció públicamente que ha seguido solicitando información complementaria a la comuna provincial, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna de la entidad, pese a las reiteradas gestiones realizadas ante el municipio.
