Las autoridades originarias de Puno rechazaron la Ley 32293 al considerar que viola derechos fundamentales de las comunidades, como la autodeterminación y autoidentificación reconocidas en la Constitución y tratados internacionales, según informaron en un pronunciamiento público.
El Consejo de Autoridades Originarias señaló que la norma se impuso sin consulta legítima ni socialización adecuada, afectando directamente el artículo 89 de la Constitución que garantiza la autonomía comunal en sus decisiones internas.
La ley establece una división entre comunidades campesinas e indígenas basada en criterios del Ministerio de Cultura que calificaron como discriminatorios, lo que impide a más de dos mil comunidades acceder a derechos como la consulta previa, según datos del INEI.
Esta diferenciación legal deja sin protección a numerosas comunidades frente a proyectos que afectan sus territorios, además de debilitar sus sistemas tradicionales de organización y toma de decisiones.
Las autoridades advirtieron que la norma impone estructuras ajenas que pueden generar conflictos internos, romper el tejido social y alterar los sistemas autónomos de gobierno que practican históricamente.
Reclamaron al Estado la suspensión inmediata de la ley, la apertura de un proceso de revisión con participación real de las comunidades y el respeto a los derechos colectivos establecidos en convenios internacionales suscritos por el país.
