Según el jefe de la Oficina Defensorial de Puno, Jacinto Ticona Huamán, la región tiene 16 conflictos sociales, de los cuales 15 están activos y uno latente, colocándola en el tercer lugar a nivel nacional según el último informe de marzo.
A pesar de esta situación, Ticona mencionó que la situación económica de la población se está recuperando comparada con el año pasado. Comentó que las convocatorias a manifestaciones ligadas a la crisis política no están teniendo efecto debido al cansancio acumulado, recordando que en 2023 las actividades locales se paralizaron durante aproximadamente 45 días.
En cuanto a los conflictos socioambientales, señaló que aproximadamente el 70 % del total corresponde a este tipo, concentrándose principalmente en las cuencas de Llallimayo, Ramis, Suches y Coata.
Explicó que, aunque la población argumenta que las protestas son por problemas de límites territoriales, en realidad el problema subyacente es el daño ecológico causado por mineros informales e ilegales. Según Ticona, esto representa una agenda oculta detrás de los conflictos.
Finalmente, el jefe defensorial mencionó que hay siete casos en observación y destacó que el malestar de la población puneña hacia el Gobierno persiste, advirtiendo que es posible que aumenten los conflictos sociales en los próximos meses.
