El Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental (IRESA) ubicó a Puno en el noveno lugar a nivel nacional, retrocediendo dos posiciones respecto al 2019. La región cayó desde el puesto siete alcanzado hace seis años, lo que refleja mayor contaminación y una menor capacidad de gestión frente al deterioro ambiental, informó el economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), Gonzalo Manrique Bohorquez.
En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, Manrique explicó que el informe evalúa a las 25 regiones del país mediante dos pilares: calidad ambiental y gobernanza. Para ello se analizan 14 indicadores específicos que miden el desempeño regional. El deterioro de Puno se concentra especialmente en la gobernanza ambiental, área donde se evidencian mayores deficiencias en la gestión de sus recursos naturales.
Puno, sin embargo, lidera el ranking nacional en porcentaje de agua facturada. El 80% de la población paga por el agua que consume, ubicando a la región en el primer lugar del país. Este logro contrasta con otros indicadores ambientales donde los resultados son preocupantes.
Déficit crítico en espacios verdes urbanos
La región ocupa el puesto 23 de 25 en áreas verdes por habitante. Puno registra solo 0.5 metros cuadrados de áreas verdes por persona, cifra muy por debajo del promedio nacional de 1.8. En comparación, Lima cuenta con tres metros cuadrados y Moquegua alcanza casi nueve metros cuadrados por habitante.
Según Manrique, el boom de vivienda informal es la principal causa de esta escasez de espacios verdes. Muchas construcciones se realizan sin ingenieros ni arquitectos y sin un adecuado planeamiento del terreno. Este problema no se limita a Lima, sino que se replica en todo el país, generando asentamientos sin distribución urbana adecuada.
La falta de planificación territorial elimina espacios destinados a parques y áreas recreativas. Las viviendas terminan “pegadas unas a otras”, sin considerar zonas para parques, centros recreativos o instituciones educativas. El tráfico ilegal de terrenos en zonas periféricas agrava aún más la situación, pues los vendedores informales no destinan áreas comunitarias como ocurre en los condominios formales, indicó.
Estrategia interinstitucional como solución urgente
Manrique señala que las municipalidades deben reforzar la vigilancia mediante serenazgo para frenar el crecimiento informal. La solución, añade, requiere una acción coordinada entre varias instituciones del Estado. El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Vivienda deben acompañar y fortalecer la gestión municipal.
También es necesaria la intervención de la Policía Nacional, considerando que este problema involucra actividades ilegales. El control del crecimiento informal es clave para frenar el deterioro ambiental. Puno enfrenta el reto de mejorar su gobernanza ambiental sin perder los avances logrados en su gestión del recurso hídrico.
