Trabajadores anónimos de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Puno denunciaron irregularidades graves: de 25 motocicletas adquiridas recientemente, de las cuales solo 4 cuentan con SOAT vigente, mientras el resto permanece inoperativa y olvidadas en pasadizos sin baterías ni mantenimiento.
Un reciente accidente en la avenida Simón Bolívar dejó a un joven trabajador con serias fracturas. Según la denuncia anponima, las 4 motos operativas vienen realizando doble turno para aparentar normalidad, ocultando que la flota está prácticamente paralizada por abandono administrativo.
Los trabajadores señalan que el almacenero Alberto Machaca responde a sus reclamos de combustible, baterías y mantenimiento con una sola frase: «Internén las motos y vayan a trabajar a pie», según declaró un afectado que pidió reserva de identidad.
Subgerente y regidores ignoraron documentos de denuncia presentados formalmente
Los trabajadores presentaron documentos ante el exsubgerente Raúl Mestas y ante regidores fiscalizadores, sin obtener respuesta ni acción correctiva. Mestas se negó a retirar al almacenero cuestionado pese a las quejas formales reiteradas.
A nivel nacional, el personal de Serenazgo trabaja bajo la Ley 728, que garantiza descansos y beneficios laborales mientras que Puno es el único municipio que aplica la Ley 276, régimen administrativo que recortaría derechos laborales básicos.
Hace dos meses, gerentes y el gerente municipal habrían emitido una resolución que habría perjudicado el sueldo de los trabajadores quienes reclaman discriminación y recibieron promesas de aumento que hasta hoy no se cumplen.
Piden incorporar al trabajador lesionado y exigen capacitación previa al manejo
Los denunciantes exigen que el joven accidentado sea incorporado administrativamente durante su recuperación para recibir ingresos económicos que cubran su tratamiento médico, situación que la municipalidad aún no ha atendido formalmente.
Trabajadores advirtieron que muchos reciben motocicletas sin capacitación previa, exponiendo a personal sin experiencia a accidentes como el ya ocurrido. La falta de protocolos básicos de seguridad agrava el riesgo cotidiano del servicio.
Los afectados se sienten discriminados y maltratados institucionalmente, exigiendo al alcalde y al concejo municipal intervenir, cambiar al personal almacenero cuestionado, regularizar el SOAT de toda la flota y cumplir el aumento salarial prometido.
