La Universidad Nacional del Altiplano vulneraría derechos constitucionales al exigir nuevos requisitos para la postulación a contratación docente. El abogado Cristian Palomino denunció que la institución solicita una declaración jurada donde los postulantes deben indicar que no tienen procesos judiciales. Esta disposición contraviene el orden constitucional del país según el análisis legal. Los aspirantes a docentes universitarios enfrentan restricciones que afectan sus garantías fundamentales.
Palomino confirmó que tomó conocimiento de requisitos adicionales impuestos en el proceso de postulación docente. «He tomado conocimiento de que existe algunos requisitos adicionales que han sido impuestos para la postulación docente», señaló el abogado. La declaración jurada exige que el postulante indique no tener proceso penal o civil vigente. El letrado cuestionó la naturaleza jurídica de esta exigencia administrativa.
El abogado sostiene que la disposición universitaria contraviene la estructura normativa constitucionalista del país. «Nuestro país se rige por una estructura normativa constitucionalista, esto quiere decir que la constitución está en la cabeza de la pirámide», explicó Palomino. Todas las normas, leyes, reglamentos y disposiciones deben estar dentro del marco constitucional. La universidad estaría incumpliendo este principio fundamental con sus nuevas exigencias para aspirantes a docentes.
El principal derecho afectado sería la tutela jurisdiccional efectiva según el análisis del abogado Palomino. «Alguien que quiera ser docente universitario o postulante a docente universitario no podría o debería restringírsele su derecho a tutela jurisdiccional efectiva», manifestó. El derecho de acción también resulta vulnerado con esta disposición administrativa. Los postulantes no pueden ejercer libremente su facultad de recurrir a instancias judiciales.
Palomino reveló haber tenido acceso a una opinión de la UNA Puno que afectó a una docente. La universidad no permitió que ella ejerciera funciones como docente invitada por tener una acción de amparo. «Una docente no la permiten ejercer funciones como docente invitada porque tenía una acción de amparo iniciada a la Universidad Nacional del Altiplano», detalló. El caso demuestra la aplicación práctica de esta restricción contra los derechos de los profesionales.
El dispositivo universitario menciona procesos penales o civiles, pero el caso de la docente involucra un proceso constitucional. «El proceso de esta docente era constitucional. Por defecto de la ley lo sigue o por una cuestión de jurisdicción lo sigue o lo tramita un juzgado civil», aclaró Palomino. La naturaleza constitucional del proceso no cambia, aunque sea tramitado por un juzgado civil. La resolución rectoral no especifica procesos constitucionales en su redacción.
La privación del derecho a ejercer funciones docentes por tener un proceso constitucional resulta arbitraria según el abogado. «Al habérsele privado a ella de poder ejercer las funciones por tener un proceso constitucional instaurado también resultaría pues arbitrario», afirmó Palomino. El caso amerita una nueva evaluación por parte del órgano legal de la universidad. Una revisión con mejor criterio jurídico podría corregir esta situación irregular.
El abogado considera que la vulneración de derechos afecta tanto a docentes que ya estuvieron en esta situación como a nuevos postulantes. La exigencia de la declaración jurada limita el acceso a oportunidades laborales por ejercer derechos fundamentales. Los aspirantes a docentes no deberían verse impedidos de postular por recurrir a instancias judiciales. La universidad estaría creando un mecanismo de presión contra quienes defiendan sus derechos legalmente.
Palomino demanda una evaluación urgente de estos requisitos que restringen derechos constitucionales en la UNA Puno. El órgano legal de la institución debe revisar las disposiciones que limitan la tutela jurisdiccional efectiva. Los postulantes a docentes universitarios merecen un proceso transparente que respete sus garantías fundamentales. La universidad no puede condicionar el acceso al trabajo docente a la renuncia de derechos constitucionales básicos.
