El Congreso promueve una reforma judicial sin abrir espacio a jueces, fiscales ni abogados, una situación que genera inquietud en Rolando Ccapa Luque, quien remarca los riesgos de perder imparcialidad y transparencia en el sistema de justicia nacional.
El parlamento formó una comisión especial multipartidaria, motivada por la necesidad de modificar el modelo de justicia del país, integrando parlamentarios de diferentes bancadas y dejando de lado a operadores claves del sistema.
Esta comisión solo reúne a congresistas, dejando fuera a quienes integran el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y el Colegio de Abogados, lo que genera preocupación entre los especialistas.
Ante la exclusión, Rolando Ccapa Luque y un grupo de abogados en Puno pusieron en marcha una encuesta regional, con la idea de recoger propuestas directas de quienes viven y aplican el derecho día a día.
El objetivo es conocer la opinión de abogados, jueces y fiscales y de otros profesionales de Derecho en Puno, para darle voz a sus necesidades y recoger sugerencias útiles, ya que el parlamento no los toma en cuenta.
Esa encuesta plantea si los jueces y fiscales en todo el país deberían ser elegidos por la población, en cumplimiento de la Constitución, que desde 1993 reconoce esa posibilidad, pero nunca la puso en práctica.
La convocatoria social surge porque, pese a estar prevista en la Carta Magna, la elección ciudadana de magistrados no ha pasado de ser un mandato escrito, debido a la falta de propuestas de quienes tienen esa atribución legal.
La semana pasada, el grupo legal de Puno envió un documento a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, con la idea de abrir el debate en espacios académicos y permitir que los universitarios y expertos analicen la reforma.
El siguiente paso será ampliar ese debate e incluir a estudiantes, litigantes y docentes universitarios, para así construir un paquete de propuestas de mejora que refleje diferentes miradas desde la región.
Las ideas recogidas a través del recorrido por las trece provincias de Puno serán entregadas a la comisión congresal responsable de la reforma, con el fin de influir en el texto final o al menos visibilizar las demandas locales.
Esta comisión empezó a trabajar en diciembre y su primera sesión se realizó en abril, fijando un plazo inicial de noventa días para presentar resultados, prolongado luego a ciento ochenta días adicionales, pero aún sin consenso amplio.
Ccapa Luque observa que la comisión actúa con reserva y no convoca a quienes manejan realidades judiciales, lo que afecta la confianza en el proceso y reduce las oportunidades de una reforma participativa.
El abogado advierte que el Congreso busca centralizar las decisiones y subordinar el sistema de justicia a la voluntad política, pues la Constitución permite que los legisladores designen y destituyan a los máximos magistrados del Tribunal Constitucional.
