La vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Diana González, reveló que los mineros informales solicitaron una prórroga de cinco años para el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La congresista explicó que el dirigente Máximo Franco Becker le mostró este pedido en una reunión realizada el 31 de octubre.
González detalló que Franco Becker le había asegurado anteriormente que la prórroga de diciembre sería la última ampliación del REINFO. Sin embargo, el dirigente cambió de posición y presentó la solicitud de extensión por cinco años adicionales, lo que generó el rechazo de la legisladora.
La comisión parlamentaria rechazó contundentemente la propuesta de ley MAPE que buscaba flexibilizar las normas de formalización minera. González indicó que fueron principalmente las bancadas de izquierda quienes respaldaron este predictamen nocivo para el país.
La minería artesanal produce actualmente 25 toneladas diarias de material, y una versión del predictamen buscaba duplicar esta cifra a 50 toneladas, propuesta que fue posteriormente retirada.
Cifras revelan baja formalización
El proceso de formalización minera muestra resultados desalentadores con menos del 3% de mineros que lograron formalizarse después de múltiples ampliaciones del REINFO. González destacó que esta cifra evidencia la falta de voluntad real para cumplir con los requisitos legales establecidos.
Según datos del Ministerio de Energía y Minas, el 33% de registros REINFO se encuentran en concesiones extinguidas donde no existe titular minero. La congresista explicó que esta situación permite a los mineros informales evitar responsabilidades penales mientras mantienen el amparo legal.
El gobierno excluyó más de 50,000 registros REINFO, de los cuales el 90% estaba suspendido hace cuatro años. Actualmente quedan 31,000 registros en proceso de formalización que deben completar el trámite antes del 31 de diciembre.
Intereses políticos detrás de propuestas
González denunció que existe un cálculo político detrás del apoyo a la minería informal, considerando que moviliza 500,000 personas directamente y más de tres millones de manera indirecta. La congresista cuestionó por qué los legisladores buscan acercarse a estos grupos sin recibir pagos directos.
La legisladora reveló que el presidente de Confemín admitió que no pagan a congresistas porque son los propios parlamentarios quienes los buscan considerándolos un «pan caliente» por su capacidad de convocatoria electoral.
González propuso que la próxima legislatura debe rearmar el texto normativo y sentar a todos los actores involucrados en la minería para encontrar una solución integral. La congresista sugirió trabajar de manera articulada con el ejecutivo antes de diciembre para evitar nuevas crisis.
