Este 2026 es el último año de gestión de los alcaldes en toda la región Puno, y las municipalidades provinciales y distritales tienen la obligación legal de explicar a la ciudadanía cómo gastaron el dinero público, según alertó Nivardo Enríquez Barriales, coordinador del Módulo Defensorial de Juliaca de la Defensoría del Pueblo.
Los plazos son claros: los gobiernos locales deben presentar su informe de gastos durante el mes de mayo y repetir el ejercicio en septiembre, de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, y estas reuniones de rendición de cuentas deben anunciarse a los vecinos con tiempo suficiente para que puedan asistir e informarse.
Precisamente por eso, la Defensoría del Pueblo envió cartas a las municipalidades provinciales desde abril, para recordarles que preparar la documentación y avisar a la población toma tiempo, y que convocar a último momento ha generado problemas en el pasado, donde algunas autoridades no tenían los papeles listos y los vecinos no se enteraron de las reuniones.
Enríquez Barriales hizo un llamado a todas las autoridades, no solo de San Román, para asegurar que durante el cambio de mando los servicios básicos como la seguridad ciudadana, el serenazgo y la recolección de basura continúen sin interrupciones, ya que estos servicios no pueden paralizarse bajo ninguna circunstancia.
«Uno es a nivel administrativo, que la Contraloría podría iniciar un procedimiento porque no están cumpliendo con la ley, y el otro es a nivel penal por omisión de funciones», advirtió Enríquez Barriales, aclarando que la responsabilidad no recae solo en el alcalde, sino también en los funcionarios que tienen el deber de informar a la población.
La Defensoría señaló además que una entrega de mando ordenada y bien documentada evita que las nuevas autoridades electas encuentren problemas al asumir el cargo, pues en muchas ocasiones los alcaldes entrantes han tenido dificultades justamente porque sus predecesores no dejaron en orden los documentos ni los recursos públicos.
