Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de enero, expresó su preocupación ante la reciente promulgación de la ley que faculta la fiscalización de Organizaciones No Gubernamentales en Perú. Según manifestó, esta normativa vulnera los derechos de las víctimas de los sucesos ocurridos entre 2022 y 2023, quienes en su mayoría son personas en situación de pobreza extrema.
El dirigente explicó que aproximadamente el 80% de los familiares de víctimas reciben apoyo legal de ONGs, mientras que solo un 20% lleva sus casos de manera particular. «Prácticamente con esta ley ese 80% está en el abandono, no sabemos qué vaya a pasar, seguramente los abogados que estaban acompañándonos ya no van a poder acompañarnos», señaló Samillán respecto a la situación que enfrentan las familias afectadas.
La nueva legislación establece restricciones para que los abogados vinculados a estas organizaciones no puedan demandar al Estado ni a funcionarios públicos, dejando a las víctimas sin respaldo legal. Para estas familias, contratar defensa particular resulta imposible debido a los altos costos que implica cada diligencia o presentación de pruebas, que pueden ascender a 500 soles por día.
Samillán, quien perdió a su hermano Marco Antonio, destacó que las investigaciones realizadas hasta el momento demuestran que ninguno de los asesinados y sobrevivientes tenía vínculos con bandas criminales, contrario a lo que se ha sugerido. En su opinión, la ley busca generar impunidad para quienes considera responsables de las masacres.
«Nos encontramos en una total desigualdad. Yo noto que la justicia para la gente de bajos recursos económicos no es justicia, es un embudo, donde a nosotros nos limitan ese acceso mientras ellos tienen todos los recursos», manifestó el dirigente al comparar la situación de las víctimas frente a un Estado que, según él, se blinda bien y se protege con recursos públicos.
Ante esta situación, las asociaciones de víctimas de diferentes regiones del país, incluyendo organizaciones de masacres anteriores como Barrios Altos y La Cantuta, preparan una marcha nacional hacia Lima para protestar contra la normativa. «Ya estamos organizándonos, seguramente también vamos a hacer algunas actividades como rifas para costear nuestros pasajes», adelantó Samillán sobre las acciones que emprenderán próximamente.
