La Defensoría del Pueblo ha presentado un documento al alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, Oscar Cáceres Rodríguez, solicitando una reunión extraordinaria del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC). Esto se debe a los recientes actos delictivos en los que presuntamente están involucrados miembros de la Policía Nacional del Perú en la provincia de San Román. La Defensoría busca que se convoque a los jefes policiales para abordar la situación y tomar acciones inmediatas.
El coordinador de la Defensoría del Pueblo en Juliaca, Nivardo Enríquez Barriales, expresó su preocupación por la inseguridad ciudadana y la presunta participación de efectivos policiales en delitos como asaltos, cohecho y extorsión. “Es inaceptable que quienes deben garantizar el orden traicionen la confianza de la ciudadanía”, declaró Enríquez, destacando la necesidad de una respuesta contundente por parte de las autoridades policiales.
Entre las recomendaciones emitidas por la Defensoría se encuentra el fortalecimiento del control interno de la Policía Nacional, con mecanismos de supervisión más estrictos y visitas inopinadas a las unidades policiales. Además, se exige que los procesos disciplinarios sean ejemplares y que se aplique el artículo 30 de la Ley 30713, que establece el retiro por medidas disciplinarias para los efectivos involucrados en actos corruptos.
La Defensoría también propone implementar capacitaciones urgentes sobre ética, derechos humanos y lucha contra la corrupción para todo el personal policial. Asimismo, se sugiere mejorar los filtros de supervisión en las operaciones de inteligencia y patrullaje, especialmente en grupos especiales como el Grupo Terna, para asegurar que sus intervenciones estén debidamente registradas y justificadas.
Enríquez Barriales enfatizó la importancia de iniciar campañas internas de “tolerancia cero” contra la corrupción dentro de la Policía Nacional. “Esperamos que la Policía tome en serio su actuación y sancione ejemplarmente a los efectivos involucrados”, señaló, subrayando que la población exige medidas contundentes para recuperar la confianza en la institución.
La Defensoría del Pueblo también felicitó a los ciudadanos que han denunciado estos actos, destacando su valentía frente a posibles represalias. “La ciudadanía debe sentirse respaldada para denunciar estos hechos que atentan contra la seguridad y el orden público”, afirmó Enríquez, instando a la Policía a actuar de manera inmediata en casos como el asalto ocurrido en la salida hacia Lampa.
El documento presentado al alcalde tiene como objetivo que se convoque a una reunión extraordinaria del COPROSEC, donde se espera que los jefes policiales informen sobre las acciones que están implementando para combatir la corrupción y la delincuencia en la provincia. “Es fundamental que las autoridades actúen con celeridad para evitar que estos hechos se repitan”, declaró Enríquez.
La Defensoría del Pueblo también ha enviado una recomendación al jefe de la División Policial de San Román, coronel Percy Loyole Pizarro Vergaray, solicitando un informe detallado sobre la implementación de las medidas propuestas. “Esperamos que la Policía Nacional asuma su responsabilidad y tome las acciones necesarias para recuperar la confianza de la ciudadanía”, concluyó Enríquez.
