Según juristas la ley que permite gobernar desde el extranjero a Dina Boluarte representa un riesgo de vacancia

Analistas advierten ilegalidad en Ley 31118 que permite gobernar desde el extranjero y destacan desconfianza y desaprobación popular

Tras la oficialización de la Ley 31118 que permite a Dina Boluarte gobernar desde el extranjero, analistas socio-políticos, puntualizan que la ley tiene vicios de ilegalidad, pues requiere de una reforma constitucional para establecer el manejo remoto de gobierno.

El abogado José Luis Cuadros señala que la virtualidad ha llegado para quedarse en todo aspecto de la vida y en todas las profesiones, algo que debería ser reglamentado; sin embargo, indica que existe un temor legítimo de la desconfianza que se ha generado a causa de la coyuntura generalizada.

Además, puntualizó que la posición izquierdista se siente traicionada a causa de que Dina Boluarte no desarrolló el plan que tenía el partido político Perú Libre, según el analista la presidenta se encuentra entre la espada y la pared.

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“La ley tiene vicios de ilegalidad desde la perspectiva de que no es constitucional, habría que hacer cambios en la constitución”, expresó en Democracia Total de Pachamama Radio.

En su alocución, el analista Juan Barrios manifiesta que la virtualidad es un avance tecnológico de estos tiempos; pero en la figura política peruana puede responder a un intento de fuga del país o incluso una moción de vacancia en contra de la actual presidenta del Perú, pues dicha ley requiere de una reforma constitucional, explicó.

“Si esto fuera fruto de una reforma constitucional ni vuelta que darle, no habría porque objetar, pero como es una ley ordinaria podría generarse un vacío de poder y tranquilamente se puede promover la vacancia”, expresó el Democracia Total de Pachamama Radio.

En la parte final de su intervención, indicó que el poder recae en la voluntad del pueblo, que el pueblo es el soberano; en ese sentido, dijo que según el último sondeo de IPSOS el 80% desaprueba a la presidenta; por ende, ella como el congreso son constitucionales pero ilegítimas.

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