La histórica sentencia judicial contra el expresidente Alejandro Toledo significa un cambio en la lucha anticorrupción, validando las investigaciones del equipo Lava Jato sobre la red de sobornos establecida por empresas brasileñas durante casi dos décadas para influir en decisiones políticas al más alto nivel, afirmó Carlos Rivera Paz, director ejecutivo del Instituto de Defensa Legal.
En una entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, Rivera destacó que la resolución confirma que Odebrecht pagó al menos 30 millones de dólares en sobornos a Toledo, entonces presidente de la República, para obtener contratos ventajosos para la constructora brasileña y perjudiciales para el Estado peruano, evidenciando una estructura corrupta transnacional.
A pesar de las intensas campañas contra el equipo Lava Jato y el fiscal José Domingo Pérez Gómez, la investigación logró superar obstáculos y demostrar que Toledo y otros implicados formaron parte de una estructura criminal que favoreció indebidamente a Odebrecht, utilizando el aparato estatal para beneficiar los intereses económicos de la empresa, declaró el abogado penalista.
Esta sentencia representa una clara advertencia para otros líderes políticos involucrados, como Ollanta Humala, Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Keiko Fujimori. Desmonta el argumento de persecución política y confirma la legitimidad de las investigaciones del equipo Lava Jato, declaró.
