Apenas el 25 por ciento de las municipalidades en la región Puno cumple con la cuota laboral del 5 por ciento para personas con discapacidad, mientras el resto vulnera la Ley 29973 que establece contratación obligatoria en instituciones públicas.
Felipe Flores Ponce, coordinador de la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad de Puno, señaló que las municipalidades locales no implementan políticas públicas en materia de discapacidad debido a la falta de voluntad política de autoridades.
Las instituciones tampoco respetan la asignación presupuestal del 1 por ciento que ordena la normativa, donde cada municipalidad debe destinar 0,5 por ciento para oficinas de Omaped y otro 0,5 por ciento para proyectos de accesibilidad en espacios públicos.
La inobservancia de esta normativa profundiza las barreras de acceso al empleo formal para personas con discapacidad en la región, quienes enfrentan discriminación estructural en el mercado laboral pese a la vigencia de la Ley 29973 desde diciembre de 2012.
El incumplimiento generalizado en territorio puneño refleja una gestión municipal deficiente en políticas de inclusión, pese a que el marco legal establece sanciones para instituciones que no acrediten el porcentaje mínimo ante el Ministerio de Trabajo.
La ausencia de presupuesto asignado a las Omaped limita la implementación de programas de capacitación laboral mientras la falta de infraestructura accesible agrava la exclusión social, según advirtió Flores Ponce a las autoridades municipales regionales.
