El 28 de octubre, los magistrados Richard Condori Chambi y Víctor Alberto Paredes Mestas, de la ciudad de Juliaca, fueron suspendidos de manera preventiva por un periodo de 6 meses en el ejercicio de cualquier cargo al interior del Poder Judicial. Esta medida se tomó en el marco de un presunto caso de corrupción relacionado con la liberación de una mujer vinculada al transporte ilegal de oro.
La Autoridad Nacional de Control Descentralizada del Poder Judicial (ANC-PJ) fue la entidad encargada de aplicar la suspensión. Esta decisión se tomó luego de que los dos jueces liberaran a una de las dos mujeres involucradas en el transporte de 13 kilos de oro en el año 2013. A pesar de que el Ministerio Público había solicitado una condena de 26 años de cárcel para las procesadas por el delito de lavado de activos.
La resolución N° 4 de la ANC-PJ estableció la medida cautelar de suspensión preventiva por 6 meses en el ejercicio de cualquier cargo en el Poder Judicial. Esta acción se tomó debido a que los magistrados incurrieron en una falta muy grave.
Durante la audiencia de adelanto de la sentencia realizada el 25 de agosto, el juez Milton Huallpa Macedo denunció un presunto pago de dinero a cambio de la absolución de las mujeres procesadas por lavado de activos.
