Francisco Távara, miembro de la Junta Nacional de Justicia, explicó las razones jurídicas que lo llevaron a abstenerse del voto que restituyó a Patricia Benavides como fiscal de la nación el pasado 13 de junio. El exjuez supremo consideró que la materia era cosa decidida y que además se encontraba judicializada mediante un proceso de amparo. Su abstención impidió la unanimidad requerida por ley para declarar nulidades de oficio según el artículo 203 de la Ley de Procedimiento Administrativo General.
La decisión generó una controversia institucional entre dos fiscales que disputan quién debe ejercer el cargo de fiscal de la nación actualmente. Távara manifestó que redactó una carta el 6 de junio dirigida al presidente de la JNJ exponiendo sus objeciones antes de la audiencia pública. “Estamos ante un caso de cosa decidida”, argumentó el magistrado refiriéndose a resoluciones previas que ya habían sido objeto de recursos de reconsideración desestimados.
El jurista cuestionó la forma apresurada en que se tomó la decisión sin mayor deliberación previa del pleno de la institución. y que, sus colegas debieron meditar más sobre la trascendencia de la resolución y su impacto en la crisis institucional del Ministerio Público. La audiencia del 6 de junio se realizó sin que los miembros conocieran previamente el escrito que solicitaba el uso de la palabra.
Proceso constitucional como impedimento legal
Távara sostiene que la Junta Nacional de Justicia no podía abocarse al tema mientras existía un proceso constitucional de amparo en trámite. “El tema estaba judicializado y se encontraba a nivel de la sala del juzgado constitucional”, declaró el magistrado. Esta situación impedía legalmente que la institución administrativa tomara una decisión sobre el mismo asunto que ventilaba la justicia ordinaria.
La interpretación de sus colegas sobre “unanimidad de miembros hábiles” fue cuestionada por el magistrado como una disquisición no contemplada en la ley. El artículo 203 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General exige acuerdo unánime de los miembros del órgano colegiado, no solo de quienes participan en el acto. Los seis magistrados que votaron consideraron válida su decisión al declararlo inhábil por su excusa previa.
El mismo día viernes 13, a las 11 de la noche, se presentó un escrito desistiendo del amparo para evitar la sustracción de materia tras la resolución de la JNJ. Távara explicó que esta maniobra procesal buscaba validar la decisión administrativa al retirar la controversia del ámbito judicial. El magistrado consideró esta estrategia como una confirmación de que el tema estaba efectivamente judicializado antes de la votación.
Crisis institucional y número de fiscales supremos
La situación actual presenta un problema numérico complejo con múltiples pretensiones sobre el cargo de fiscal supremo y de la nación. Además de la disputa entre Benavides y el actual fiscal interino, existe un proceso regular para elegir un quinto fiscal supremo y una decisión judicial que beneficia a Tomás Aladino Gálvez. El panorama plantea hasta siete fiscales supremos cuando solo hay cinco plazas presupuestadas.
Távara identificó una omisión grave del sistema de justicia al no contar con una norma legal que fije el número de fiscales supremos titulares. A diferencia de los jueces supremos que son 20 según la ley orgánica, el Ministerio Público carece de esta precisión normativa. El magistrado sugirió que la institución debió elevar una iniciativa legislativa al Congreso para resolver esta indefinición.
El jurista advirtió que la resolución agudizó la crisis en lugar de solucionarla al crear un conflicto entre dos personas que disputan el cargo principal. “Mis colegas debieron meditar más sobre la trascendencia de esta decisión”, concluyó Távara al evaluar el impacto negativo de la medida en la institucionalidad del Ministerio Público. Su abstención respondió a convicciones jurídicas y éticas, no a animadversión personal hacia Patricia Benavides.
