Dina Boluarte deberá afrontar múltiples investigaciones penales cuando concluya su mandato presidencial en 2026. El constitucionalista Domingo García Belaúnde confirmó que las carpetas fiscales suspendidas por el fallo del TC se reactivarán automáticamente.
Patricia Benavidez abrió varias carpetas fiscales contra la presidenta durante su gestión como fiscal de la Nación. Entre ellas destacaba una investigación por genocidio que posteriormente fue archivada por considerarse una «barbaridad» según el especialista constitucional.
El Tribunal Constitucional suspendió todas las investigaciones en curso contra Boluarte mientras permanezca en el cargo. Esta medida protege temporalmente a la mandataria de procesos judiciales que podrían afectar el ejercicio de sus funciones gubernamentales.
«Debería afrontar los cargos que tiene con rigor, porque hay algunas cosas absurdas»
Carpetas fiscales esperan reactivación inmediata
García Belaúnde advirtió que «se le van a caer encima» apenas la presidenta abandone Palacio de Gobierno. El constitucionalista descarta que pueda evadir la justicia, salvo que decida abandonar el país y desaparecer completamente del panorama nacional.
Las investigaciones incluyen el caso de abandono del cargo por una presunta operación médica no reportada. El especialista calificó este proceso como «una tontería» pero reconoció sus implicaciones constitucionales por la falta de transparencia sobre el estado de consciencia presidencial.
La ausencia de información durante el procedimiento médico generó incertidumbre constitucional sobre la continuidad del poder. García Belaúnde cuestionó qué habría pasado si Boluarte fallecía bajo anestesia, pues nadie conocía la situación real de la presidenta.
«Cuando la señora Boluarte acabe su periodo, ahí se le van a caer encima»
Precedente marca futuro de investigaciones presidenciales
El especialista considera que Boluarte debe afrontar todos los cargos pendientes con el rigor que corresponde a cualquier ciudadano. Esta situación establecerá un precedente importante sobre la responsabilidad penal de expresidentes en el sistema democrático peruano.
La sentencia del TC no tiene efecto retroactivo según García Belaúnde, por lo que no protege a exmandatarios de investigaciones iniciadas durante sus gestiones. Este principio diferencia claramente entre presidentes en ejercicio y aquellos que ya concluyeron sus mandatos.
García Belaúnde pronostica que la transición será inmediata entre la protección constitucional actual y la exposición total al sistema de justicia. La presidenta enfrentará la realidad judicial apenas entregue la banda presidencial a su sucesor en julio de 2026.
