El Tribunal Constitucional decidió suspender las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte por delitos comunes mientras dure su mandato, lo que incluye el caso de los relojes Rolex y las muertes ocurridas en las protestas de 2022 y 2023, informó el abogado César Quispe Calsín.
La resolución fue emitida bajo la Sentencia 152/2025 con fecha 10 de julio, con la que el Tribunal buscó resolver un conflicto competencial entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial en torno a los alcances de la inmunidad presidencial.
El origen del conflicto radicó en que los abogados de Dina Boluarte argumentaron que las investigaciones abiertas por la Fiscalía y los jueces afectaban el normal desarrollo de sus funciones, por ello solicitaron que no se inicien procesos penales hasta terminar el mandato.
El fallo estipula que ningún fiscal ni juez podrá acusar penalmente a la presidenta por delitos que no estén contemplados en el artículo 117 de la Constitución, este artículo solo permite acusaciones en casos de traición, disolución inconstitucional del Congreso o impedir elecciones.
Como efecto inmediato, el proceso vinculado a presunto enriquecimiento ilícito en el expediente fiscal 68-2024 quedó detenido, además se suspendieron pesquisas por encubrimiento personal, homicidio calificado, genocidio, abuso de autoridad y otros delitos relacionados con las protestas.
El Tribunal señaló que la finalidad de la inmunidad es proteger la institución presidencial y garantizar la estabilidad del gobierno, de manera que ninguna investigación penal interfiera con la conducción del Estado mientras la persona ejerce el máximo cargo.
La Fiscalía, sin embargo, podrá realizar diligencias urgentes y necesarias que no se puedan postergar, como recibir declaraciones de la mandataria en Palacio de Gobierno o solicitar documentos, siempre y cuando no vulneren la dignidad del despacho presidencial.
El abogado César Quispe Calsín expresó su preocupación, advirtió que este fallo abre las puertas a la impunidad y señaló que el paso del tiempo podría provocar la pérdida de pruebas, lo que reduciría las posibilidades de sancionar actos de corrupción y abusos.
Según el letrado, el equilibrio de poderes en el Perú se perdió desde diciembre de 2022, cuando, en su opinión, se consolidó un control del Congreso sobre el Ejecutivo, lo que limita la independencia de la justicia e impacta en la rendición de cuentas gubernamental.
El Tribunal aclaró que la suspensión no equivale a falta de responsabilidad, estableció que la presidenta responderá por los procesos una vez concluya su mandato y recordó que la Constitución permite investigar y acusar hasta cinco años después de dejar el cargo.
Las investigaciones detenidas retomarán su curso cuando Dina Boluarte cese en la presidencia, por lo que las autoridades judiciales deberán continuar con el trámite de los casos que hoy están interrumpidos, respetando los plazos legales que establece la norma.
El fallo no contó con unanimidad, algunos magistrados presentaron votos singulares, entre ellos Augusto Ferrero Gutiérrez Ticse y Francisco Monteagudo Valdez, quienes plantearon visiones diferentes acerca de los alcances de la inmunidad presidencial frente a delitos graves.
El magistrado Gutiérrez Ticse argumentó que permitir a la Fiscalía realizar investigaciones preliminares es indispensable, sostuvo que esperar hasta el final del mandato pone en riesgo la conservación de pruebas y limita la efectividad de la justicia frente a delitos graves.
Por su parte, el magistrado Monteagudo Valdez indicó que la interpretación de la mayoría desconoce las atribuciones constitucionales del Ministerio Público, afirmó que sí se debería permitir avanzar en indagaciones relacionadas con violaciones de derechos humanos y actos de corrupción.
Frente a este panorama, el abogado César Quispe Calsín planteó que la salida debe estar en la arena política, consideró necesario organizar a la población con miras a las elecciones generales programadas para abril del próximo año y así generar un cambio democrático.
Según Quispe Calsín, la estrategia debe apuntar a conquistar el poder ejecutivo y a lograr mayorías en el Congreso, remarcó que con esta correlación de fuerzas sería posible sancionar a los responsables de lo que él describe como un secuestro institucional.
El jurista instó a la ciudadanía a no caer en la desesperanza, pidió mantener el diálogo entre distintas fuerzas políticas y sociales, y reiteró que no se debe confiar en partidos que, según su punto de vista, han actuado para proteger a los responsables de delitos.
La sentencia del Tribunal Constitucional busca garantizar la continuidad del gobierno, aunque retrasa las investigaciones judiciales, y mientras tanto, el debate sobre la verdadera independencia de poderes y la responsabilidad de los gobernantes seguirá marcando la agenda pública.
