El abogado de las víctimas del 9 de enero, César Quispe Calsín, informó que las investigaciones por las muertes en Juliaca enfrentan un posible traslado al fuero policial militar. Esto ocurre tras la aprobación de leyes por el anterior Congreso, lo que genera preocupación entre los deudos.
La preocupación surge porque el anterior Parlamento aprobó normas para que los casos investigados en el fuero civil pasen al fuero policial militar. Quispe Calsín señaló que los imputados han solicitado esta medida en algunas carpetas a nivel nacional, aunque en Juliaca aún no han sido notificados.
En la región Puno, el Ministerio Público redacta las acusaciones fiscales para los casos del 14 de diciembre, 6, 7, 9, 18 y 24 de enero, y 9 de febrero. La Fiscalía de Derechos Humanos de Lima asumió el subsistema tras la desactivación del equipo especial Eficavip.
Solo por el caso del 9 de enero, se registran 107 heridos y 18 asesinados. El abogado indicó que su defensa lleva aproximadamente 80 casos en toda la región Puno, aunque los otros afectados cuentan con abogados particulares. Los cambios constantes de fiscales adjuntos han superado la decena.
En el caso de Juliaca, la acusación apunta a 19 personas: 16 efectivos policiales y tres militares. Quispe Calsín afirmó que todos pertenecen a la cadena de mando. En Macusani, la investigación involucra a alrededor de 24 efectivos policiales identificados con sus armas.
Respecto al expresidente de la República, el abogado explicó que la Constitución ordena que las altas autoridades sean investigadas por la Fiscalía de la Nación. Existen tres denuncias constitucionales, dos archivadas por el anterior Congreso y una pendiente de pronunciamiento.
El nuevo Parlamento evaluará este tema en los próximos días. Quispe Calsín sostuvo reuniones programadas con senadores y diputados para impulsar nuevas denuncias constitucionales. Una vez que termine su mandato, la inmunidad presidencial ya no lo protegerá por cinco años más.
El abogado espera que los nuevos parlamentarios no se vendan y puedan procesar a Dina Boluarte y a todos sus ministros. Las investigaciones continúan en medio de un régimen político incierto y pedidos de facultades legislativas al Congreso.
Los fiscales y jueces resisten la aplicación de la ley que traslada los casos al fuero militar. Muchos aplican el control de convencionalidad y constitucionalidad, lo que está por encima de una ley ordinaria. Quispe Calsín confía en que esta práctica continúe para evitar nuevos peligros.
