Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C., las asociaciones de víctimas del gobierno de Dina Boluarte alzaron sus voces exigiendo justicia por lo que consideran una masacre a los pueblos originarios en el Perú entre diciembre y abril del 2023.
En declaraciones, el presidente de la Asociación de Víctimas del 9 de Enero, Raúl Samillan Sanga, quien también es hermano de Marco Antonio, un médico fallecido durante la represión gubernamental, denunció la falta de acceso a la justicia. Samillan sostiene que, desde entonces, él y otros líderes, periodistas, abogados y heridos son perseguidos por el gobierno de Boluarte por simplemente buscar justicia.
En la sede principal de la CIDH, también testimonios de representantes de Ayacucho y Apurímac fueron presentados. Nelson Ore y Dany Quispe, en representación de las víctimas y heridos de sus regiones, viajaron para sentar una denuncia internacional.
La lucha por la justicia continúa, enfrentando obstáculos tanto del Congreso como del Poder Judicial, según las víctimas.
