Entre 95% y 98% de maestros puneños acataron el paro nacional del 28 de agosto, según informó Leoncio Álvarez, secretario provincial del Sutep Puno. Esta masiva participación superó las expectativas regionales y demostró el compromiso de los educadores con sus reivindicaciones laborales. Los distritos rurales alcanzaron el 100% de adhesión, mientras la ciudad de Puno registró 90%.
El dirigente sindical reveló estos datos luego de la asamblea regional convocada el sábado 6 de septiembre, donde los secretarios provinciales evaluaron los resultados de la medida de lucha nacional. La reunión analizó el impacto del paro que exigía el cumplimiento de compromisos y derechos para los docentes a nivel nacional.
Álvarez destacó que la convicción y compromiso de los maestros fueron determinantes para el éxito de la protesta. Según el líder sindical, los educadores salen a las calles por convicción, lo que explica el alto porcentaje de acatamiento en comparación con otras regiones del país.
Los frutos del paro ya se materializan en el Congreso de la República, donde dirigentes del FENATE establecieron diálogos con el presidente del Legislativo y diversas bancadas. Esta gestión política resultó en compromisos concretos para la primera semana de septiembre, cuando se agendarían las demandas magisteriales.
El secretario provincial confirmó que, sin el paro nacional, posiblemente las demandas no habrían sido incluidas en la agenda legislativa. La presión ejercida por los maestros a nivel nacional obligó a los congresistas a considerar seriamente las reivindicaciones del sector educativo.
Entre los compromisos pendientes, la derogatoria de la ley 32242 encabeza las prioridades legislativas. Varios congresistas ya presentaron iniciativas para eliminar esta norma, según informó Álvarez durante la asamblea regional de dirigentes sindicales.
El pago de la deuda social constituye otra demanda prioritaria que requiere un adicional presupuestario. Los maestros mantienen la presión para que esta reivindicación histórica sea atendida por las autoridades competentes del Estado peruano.
