La jefa Órgano de Control Institucional (OCI) Yesenia Guevara González, de la Universidad Nacional del Altiplano detectó que la institución amplió hasta 2024-II el vínculo laboral exigido para el nombramiento excepcional, cuando la norma establecía 2023-II, restringiendo el acceso de 38 docentes.
Guevara González, explicó que el hallazgo surgió al revisar individualmente los expedientes y contrastarlos con el marco normativo, identificando un requisito adicional incorporado mediante un lineamiento universitario.
Guevara sostuvo que “se ha incumplido el marco normativo al incrementarse este requisito”, aunque precisó que la OCI no determinó qué funcionarios decidieron modificarlo ni estableció que hubiera una intención concreta detrás de esa decisión.
El cambio bajo observación
La normativa establecía como condición acreditar vínculo laboral hasta el semestre 2023-II, además de experiencia superior a cinco años y haber ganado un concurso público, según lo explicado durante la entrevista.
Sin embargo, el lineamiento aplicado por la universidad extendió el vínculo laboral exigido hasta 2024-II, una modificación que, de acuerdo con la OCI, generó una restricción para 38 profesores que buscaban acceder al nombramiento excepcional.
La jefa de la OCI aclaró que el informe no determina quiénes fueron beneficiados con esa modificación, porque la fiscalización se concentró en verificar los expedientes y establecer si los requisitos aplicados correspondían a la normativa.
Las preguntas que deja el informe
La propia OCI había advertido mediante una orientación de oficio que el lineamiento constituía una exigencia excesiva y se encontraba fuera del marco normativo, según explicó Guevara durante la entrevista.
La funcionaria remarcó que todos los expedientes fueron revisados y contrastados individualmente, por lo que el informe identificó como irregular la incorporación del requisito adicional que modificó las condiciones previstas originalmente.
Ahora queda pendiente establecer las responsabilidades derivadas de la modificación, determinar sus efectos sobre los docentes afectados y esclarecer las razones por las que la universidad extendió el vínculo laboral exigido hasta 2024-II.
