El secretario de Prensa y Propaganda del SUTEP regional Puno, Pedro Quispe Quisocala, anunció en Juliaca una paralización nacional de 24 horas del magisterio para octubre. La medida exige mayor presupuesto para Educación y un trato digno a docentes cesantes y jubilados del país.
La jornada de lucha fue establecida por el gremio para el próximo mes. La protesta busca presionar al Gobierno Central y al Ministerio de Educación. Quispe Quisocala precisó que la movilización se ejecutará con maestros activos y cesantes coordinados a nivel nacional.
El dirigente sindical afirmó que octubre resulta clave porque el Congreso definirá el Presupuesto de la República para el año 2027. De esa aprobación dependerá el pago de la deuda social acumulada y otros beneficios pendientes del sector.
Entre los reclamos figure la reglamentación y el financiamiento de la Ley de Pensiones Dignas. El SUTE también exige respeto a los derechos laborales, económicos y sindicales del magisterio. La organización coordina estas demandas con la Fenate Perú y sus bases regionales.
Otro punto central es la defensa de la Compensación por Tiempo de Servicios. Existe el rumor de un recorte gradual del beneficio. El dirigente rechazó esa posibilidad y demandó mantener las conquistas laborales de docentes y administrativos.
El pliego exige la derogatoria de la Ley 32242, que establece el retiro automático de directores y auxiliares. La norma alcanza también a docentes y personal administrativo del sector. El gremio plantea su eliminación durante la próxima jornada de lucha.
Asimismo, el SUTE rechaza cualquier intento de privatización de la educación pública. La organización demanda respeto a la estabilidad laboral de docentes y administrativos en todo el territorio peruano. Estas demandas forman parte del pliego nacional del magisterio.
El dirigente cuestionó la propuesta oficial de reformular la currícula educativa. Según Quispe Quisocala, el Gobierno busca incrementar cursos de educación financiera y tributaria para que los sectores vulnerables paguen impuestos bajo amenaza de cárcel.
Finalmente, el gremio planteó que las grandes empresas y transnacionales paguen sus impuestos. Mencionó a la BSP, las grandes farmacias y las mineras vinculadas a Roque Benavides. El dirigente sostuvo que esas empresas deben entre 2 mil y 4 mil millones de soles al Estado peruano.
