El constitucionalista Samuel Abad Yupanqui asumió la defensa técnica de cuatro fiscales supremos del Ministerio Público. Los magistrados Delia Espinosa, Villena, Pablo Sánchez y Soledad Ávalos enfrentan acusación constitucional por tres congresistas. La denuncia busca la inhabilitación por diez años de los altos funcionarios judiciales.
Los congresistas Rospigliosi, Cueto y Azurín presentaron la acusación constitucional contra los fiscales supremos por desacato. La controversia surge por un reglamento que redefine el rol policial en investigación penal según los denunciantes.
La audiencia se desarrolló en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presidida por María Acuña este viernes. El proceso duró aproximadamente dos horas y media desde las 10:00 hasta las 12:30 horas en el Congreso.
Sesión reservada genera controversia
Samuel Abad Yupanqui solicitó expresamente que la audiencia fuera pública ante la gravedad del caso planteado. Los propios denunciantes, congresistas Rospigliosi y Cueto, también respaldaron la solicitud de transparencia en el proceso parlamentario.
La presidenta María Acuña decidió mantener la sesión en carácter reservado sin justificación sólida según el abogado defensor. «No existe ningún argumento para sustentar que esta sesión sea secreta», declaró Abad Yupanqui tras la audiencia.
El constitucionalista calificó como grave violación al debido proceso la decisión de mantener en secreto la sesión. La audiencia buscaba destituir prácticamente toda la Junta de Fiscales Supremos del país según sus argumentos legales.
Conflicto entre Constitución y nueva ley
Los fiscales supremos defienden el artículo 159 inciso 4 de la Constitución que establece la dirección ministerial. «El Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito» reza el texto constitucional según Abad.
La nueva ley aprobada por el Congreso pretende modificar las atribuciones investigativas del Ministerio Público según la defensa. Los congresistas buscan trasladar competencias hacia la Policía Nacional en detrimento de la autonomía fiscal constitucional.
El Ministerio Público emitió un reglamento para unificar criterios de actuación ante la nueva normativa parlamentaria aprobada. Los congresistas consideran que este reglamento viola la ley que ellos mismos votaron en el Parlamento nacional.
Próximos pasos del proceso
El caso pasará posteriormente a la Comisión Permanente del Congreso tras el informe de la subcomisión correspondiente. El congresista Esdras Medina elaborará el informe que determinará el futuro de los cuatro magistrados supremos acusados.
Una demanda de inconstitucionalidad sobre la materia se encuentra pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional. El TC debe pronunciarse sobre la ley que motivó la controversia entre los poderes del Estado peruano.
De prosperar la denuncia constitucional, solo quedaría Tomás Aladino Gálvez como único integrante de la Junta de Fiscales Supremos. «Estamos ante la eventualidad de algo peor que lo que hizo Fujimori», advirtió el constitucionalista defensor.
