La mañana de este lunes 27 de noviembre, el Equipo Especial de Fiscales irrumpió en las oficinas de la Fiscalía de la Nación para detener a Jaime Villanueva, asesor principal y hombre de confianza de la fiscal Patricia Benavides. También allanaron su vivienda. Se le investiga por liderar una presunta organización criminal dedicada al tráfico de influencias con congresistas.
Específicamente, esta red habría promovido la destitución de miembros de la Junta Nacional de Justicia que investigan a la fiscal Patricia Benavides por presunto encubrimiento y otros delitos. A cambio, se comprometieron a archivar casos de corrupción que involucran a los congresistas aliados. Asimismo, habrían coordinado votaciones para la designación de Josué Gutiérrez como nuevo Defensor del Pueblo.
Los chats de Jaime Villanueva develaron coordinaciones para destituir a miembros de la JNJ, designar a Josué Gutiérrez y remover a la antecesora de Patricia Benavides, Zoraida Ávalos. Pese a ser mencionado, el legislador Edwin Martínez negó vínculos con Villanueva o apoyos desde la Fiscalía.
Expresidentes del TC y procuradores criticaron la situación, advirtiendo incluso una posible suspensión de Patricia Benavides. APP descartó contactos con el asesor detenido. El contralor general Nelson Shack manifestó preocupación por la crisis institucional en la Fiscalía.
Tras darse a la fuga y buscar asilo en una clínica, Jaime Villanueva pasó a custodia policial y de fiscalía. Al no recibir aprobación médica para quedarse, fue trasladado a una sede policial para cumplir 10 días de detención preliminar dictada por el Poder Judicial.
La operación Valkiria forma parte del caso “La fiscal Patricia Benavides y su cúpula de poder”, que constaría de 3 ejes ilícitos: influir en destituciones en la JNJ, colocar a personas afines en puestos claves como la Defensoría del Pueblo e inhabilitar a adversarias como Zoraida Ávalos.
Además de Jaime Villanueva y Patricia Benavides, la organización criminal estaría conformada por Miguel Ángel Girao de la Fiscalía; y el asesor parlamentario Abel Hurtado Espinoza, cuyos domicilios también fueron allanados.
Todos son investigados por organización criminal, tráfico de influencias y otros graves delitos. El juez dictó los mandatos de detención y allanamientos tras un pedido de los fiscales anticorrupción, quienes afirman que se “instrumentalizó” el sistema de justicia con fines ilícitos.
La Fiscalía habría convocado de urgencia a Patricia Benavides, mientras la Junta de Fiscales Supremos evalúa suspenderla temporalmente de su cargo para facilitar las investigaciones en su contra.
Paralelamente, la congresista Ruth Luque interpuso una denuncia constitucional contra Patricia Benavides por infracción a la Constitución, organización criminal y tráfico de influencias. Esta se dio luego de que Benavides cesara a la fiscal anticorrupción Marita Barreto, coordinadora del equipo que investiga a la propia Fiscal de la Nación.
