Luego de que se revelara a través de informes de la Contraloría General de la República que un considerable porcentaje de funcionarios en la región asumieron cargos públicos sin cumplir con los requisitos mínimos, el abogado Cristian Palomino ha advertido sobre las posibles consecuencias legales tanto para quienes contratan a estos funcionarios como para quienes aceptan los cargos bajo la Ley 31676.
La Ley 31676 ha modificado el artículo 381 del Código Penal y establece que un funcionario público designado que no cumple con los requisitos mínimos puede enfrentar sanciones que van desde multas hasta penas privativas de libertad. Además, la ley también sanciona a aquellos individuos que, conscientes de que no cumplen con los requisitos, aceptan los cargos públicos.
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Palomino enfatiza que, como ciudadanos, desempeñamos un papel importante en la supervisión del trabajo de los funcionarios en entidades públicas. Tenemos el derecho de acceder a la información pública y si nos percatamos de que un funcionario no cumple con los requisitos establecidos por la normativa, podemos presentar denuncias ante la fiscalía o la policía.
El abogado destaca que, al tomar conocimiento del caso, el fiscal de turno podría iniciar una investigación de oficio. Subraya la importancia de que la normativa sea rigurosa y sugiere que debería ser fortalecida. Además, explica que a través de los controles de idoneidad realizados por la Contraloría General de la República, se notifica a la procuraduría para que se lleve a cabo el proceso legal correspondiente.
