El alcalde de la municipalidad provincial de Puno, Javier Ponce, anunció la anulación de todos los trámites de favorecimiento aprobados por el exgerente de Transportes, Danny Guerra, como parte de una revisión integral de su gestión; la medida se produce mientras la Fiscalía lo investiga como presunto cabecilla de organización criminal “Los Mandachitos de la Corrupción”
La decisión administrativa de Ponce llega después de que informes de inteligencia policial, aprobados judicialmente, documentaron cobros de entre 400 y 1.500 soles por liberar vehículos retenidos; esos informes obran ya en la Fiscalía, que los acogió formalmente e inició proceso penal contra el burgomaestre alias el “Virrey” y sus funcionarios.
«Toda acción de favorecimiento a esas personas que han incurrido en esa falta ya se va a trabajar en ese tema; así sean ampliaciones, hayan sido liberaciones, todo eso ya se va a anular», declaró Ponce, sin precisar cronograma, mecanismos de restitución ni responsables administrativos del proceso corrector.
Danny Guerra: tres años de gestión, el eje de la red a revisar
Danny Guerra se desempeñó como gerente de Transporte y Seguridad Vial de la Municipalidad de Puno, durante los tres años completos de la gestión Ponce; aprobó ampliaciones de ruta en zonas saturadas y estructuró presuntamente equipos de trabajadores que cobraban cuotas ilegales, según el informe policial presentado ante la Fiscalía.
La anulación de los trámites de Guerra abarca rutas ampliadas irregularmente, liberaciones de vehículos retenidos pagadas con coimas y cualquier resolución emitida bajo presunta corrupción; cada caso será revisado de forma individual, según confirmó el alcalde, proceso que podría extenderse varios meses por su volumen.
De cumplirse el anuncio, conductores que pagaron entre 400 y 1.500 soles por liberar sus vehículos enfrentaran ahora una paradoja crítica: lo pagado no será devuelto y lo obtenido será anulado; transportistas con ampliaciones de ruta autorizadas por Guerra quedan igualmente en suspenso, sin claridad sobre su situación futura.
La morenada, el silencio y la presión fiscal sobre el alcalde
La morenada “Mandachitos”, fundada y auspiciada por Ponce alias el “Virrey”, fue identificada por la policía como punto de encuentro de la organización; seguimientos judiciales registraron reuniones allí entre el alcalde, funcionarios de Transportes y personas hoy investigados, dato que contrasta con la anulación de trámites ahora anunciada como corrección.
El fiscal a cargo del caso, había exhortado previamente al alcalde mediante acta firmada sobre algunas irregularidades en la gerencia Transportes; Ponce admitió conocer esos cinco puntos de alerta pero no cambió a Danny Guerra de inmediato, contradicción que la Fiscalía utiliza como evidencia de tolerancia activa hacia la red durante 2024 y 2025.
Ponce guardó silencio en su primera citación fiscal, argumentando que necesitaba recabar documentación; ahora, la anulación de trámites busca mostrar acción correctiva, aunque la medida llega tarde y bajo presión investigativa, no como iniciativa propia de la gestión municipal.
Gestión manchada: correcciones tardías y promesas sin plazo
El alcalde Ponce reconoció que ocho de once gerentes permanecen desde el inicio de su gestión; ninguna alerta interna motivó el cambio de Guerra antes de que la Fiscalía actuara, y las acciones correctivas anunciadas en conferencia de prensa días antes aún no registraban resultados concretos a la fecha.
En tanto, la Fiscalía continuará la investigación penal de forma independiente a los correctivos administrativos municipales; el caso podría derivar en acusación formal por organización criminal, delito que en Perú contempla penas agravadas cuando involucra funcionarios públicos en ejercicio, según el Código Penal vigente.
