El abogado Anthony Crespo, defensor de las víctimas, aseguró que ningún arma ni droga fue hallada en el vehículo intervenido por el Ejército peruano el 25 de abril en Colcabamba, Tallacaja, Huancavelica, donde fallecieron cinco personas y tres resultaron heridas.
El operativo, denominado de control territorial por las Fuerzas Armadas, involucró a ocho militares que dispararon contra una camioneta Toyota Pick Up, con información de inteligencia de la Dirandro que los vinculaba, según la versión oficial, al narcotráfico y a cárteles internacionales, versión que Crespo rechaza categóricamente.
«No se ha encontrado ni un solo elemento de convicción que acredite esa versión», afirmó el letrado, añadiendo que el acta de hallazgo solo registra entre 2,000 y 3,000 soles repartidos entre los ocho ocupantes del vehículo, descartando cualquier pago ilícito.
Familias devastadas exigen justicia
Las familias de las cinco víctimas mortales se encuentran, según el abogado Crespo, emocionalmente destrozadas, sin que ninguna autoridad del Estado ni representante del Ejército se haya acercado a brindarles explicaciones o condolencias oficiales hasta la fecha.
El impacto social es significativo porque se trata de personas que, de acuerdo con las actas de intervención, no registran antecedentes penales ni vínculos con organizaciones criminales, tampoco se les encontró material relacionado con Sendero Luminoso, como se insinuó inicialmente.
Los sobrevivientes declararon de forma unánime que los militares, vestidos de civil y sin identificación visible, nunca pidieron que se detuviera el vehículo, por lo que los ocupantes creyeron estar ante un asalto, no ante un operativo oficial.
Fiscalía cuestionada por liberar a los ocho militares
Los ocho efectivos militares quedaron en libertad como investigados, situación que Crespo atribuye a que la fiscal provincial de Pampas, Sandra Romero, no solicitó la detención preliminar de hasta siete días prevista por ley, pese a que ya estaban identificados los participantes.
«Con lo que había era suficiente para solicitar la detención preliminar, durante esos siete días hubiésemos podido obtener resultados de absorción atómica y tomar declaración a los ocho efectivos«, señaló Crespo, lamentando la demora que calificó de negligencia individual.
La investigación fue derivada a la Fiscalía de Derechos Humanos de Huancayo, que ya programó una inspección técnica policial en el lugar, declaraciones de sobrevivientes hospitalizados y, posteriormente, citaciones a los militares implicados, aunque aún sin fecha definida.
