El Banco Mundial exige ampliar el estudio de impacto ambiental del proyecto 0-25 de Puno, de nivel semidetallado a completo, según acordaron el Ministerio de Vivienda, la Municipalidad de Puno y la EPS en reunión conjunta con la sociedad civil, donde también se fijó una hoja de ruta de 90 días tras la firma del convenio prevista para el 17 de junio.
Dentro de los plazos establecidos, la Municipalidad deberá cerrar el proyecto de la zona norte, considerado crítico por sus inversiones en agua, mientras que en junio se contratará una consultoría técnica y en julio otra para los aspectos social y socioambiental, según informó Eduardo Suni, vicepresidente del comité de vigilancia del Convenio 025.
«Este dinero, porque es un montón, 800 millones, se debe utilizar de forma transparente para evitar conjeturas que nos puedan generar problemas a posterior», señaló el dirigente del comité de vigilancia, quien además rechazó la restricción del ingreso de medios de comunicación a la reunión.
Estándares del Banco Mundial y cronograma administrativo
El proyecto fue aprobado inicialmente bajo la plataforma Invierte.pe con un estudio semidetallado, pensado para ejecutarse con fondos del Tesoro Público, pero al tratarse de financiamiento externo, el Banco Mundial exige que el componente socioambiental alcance nivel completo para su ejecución.
Para cumplir los hitos exigidos, se contratará una consultoría con fondos del propio préstamo de 500 millones de dólares, que complementará el estudio detallado existente, dado que los estándares del organismo multilateral son condición para desembolsar los recursos del proyecto.
El comité de vigilancia, además, solicitó formalmente que se levante un acta de acuerdos de la reunión, cuestionando que en sesiones anteriores no haya quedado ningún registro escrito, lo que dificulta el seguimiento de los compromisos asumidos por las partes.
