El ex primer ministro Aníbal Torres sostuvo que nuestro país atraviesa por un debilitamiento de la democracia, con una crisis generalizada en todos los aspectos, incluidos los derechos fundamentales y la seguridad ciudadana. Desde su análisis una clara muestra de ello fueron lo que denomino; las “matanzas en Puno, especialmente en Juliaca, en Apurímac y en Ayacucho”, como una consecuencia directa de las movilizaciones populares que se llevaron a cabo entre diciembre de 2022 y los primeros meses del año siguiente. Estas acciones, según él, evidencian una decadencia en la defensa de los derechos humanos en el país.
En conversación con Valgan Verdades de Pachamama Radio dijo que durante toda la república, los gobernantes no se preocuparon por el Perú, sino por llevarse la riqueza del país. Según el ex primer ministro, la vida de la población, especialmente de las comunidades indígenas, no ha sido valorada. “La vida de esos indios no vale nada. Solamente vale la vida de ellos”, declaró, refiriéndose a las élites económicas y políticas del país.
Asimismo, Torres cuestionó el desempeño del gobierno de Dina Boluarte en comparación con el de Pedro Castillo, señalando que ambos han sido considerados como incapaces por la opinión pública. Sin embargo, dejó la respuesta en manos de la ciudadanía, afirmando que “todo el mundo sabe que tenemos un gobierno que es un desastre, que gobierna en beneficio propio y de la élite, mientras la población está totalmente desprotegida”.
El ex primer ministro también destacó el aumento de la inseguridad ciudadana en el país, calificandola de “alarmante”. Según Torres, sin un combate efectivo contra la inseguridad, no se puede progresar en otros aspectos fundamentales como la economía y la educación. “La educación lamentablemente se ha venido abajo. Somos uno de los países más pobres culturalmente de Latinoamérica”, lamentó.
En cuanto al futuro político del país, Torres indicó que la actual fragmentación se debe a la falta de liderazgo adecuado en el gobierno. Criticó a Dina Boluarte, a quien considera “no capacitada para gobernar”, y señaló que, en su lugar, “gobierna el poder económico”, aludiendo a la influencia de los partidos de derecha en el Congreso de la República, como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Además, acusó a algunos partidos que llegaron al poder con el voto de los más pobres de haberse alineado con la ultraderecha, traicionando a sus votantes.
